Sin acuerdo, "48 horas de reflexión"

E. DELGADO/ I. QUARTINO

Los cancilleres de Argentina y Uruguay no lograron un acuerdo de monitoreo del río Uruguay en su reunión de ayer y se encontrarán mañana en Montevideo. A casi un mes del levantamiento del corte, los asambleístas mantiene la "presión social".

La negociación está "muy verde" y "queda un largo camino" por recorrer para que las cancillerías alcancen un acuerdo, dijeron fuentes diplomáticas consultadas por El País.

El canciller Luis Almagro dijo que junto a su par argentino Héctor Timerman acordaron establecer un período de "reflexión" de 48 horas, tras el cual retomarán las negociaciones. Al igual que en su secreta reunión en Buenos Aires del pasado 6 de julio, coincidieron en no hacer declaraciones respecto a lo conversado, convencidos que esto puede entorpecer la negociación bilateral.

Más allá de las largas horas del encuentro de ayer entre Timerman y Almagro, la diferencia sustancial sigue siendo que Uruguay no acepta el ingreso de técnicos argentinos a la planta de UPM si no se permite a los técnicos uruguayos hacer lo mismo en industrias del lado argentino del río Uruguay.

"Si el intercambio es recíproco se acepta, tiene que haber igualdad de condiciones", dijo una fuente cercana a la delegación uruguaya que participó de la reunión de ayer en Buenos Aires. De lo contrario, deberían ser técnicos de cada país los que tomen muestras cuyos resultados sean analizados por la otra parte.

"Si ustedes pueden entrar, nosotros también", resumió una fuente la posición uruguaya sobre el monitoreo.

Las trancas para llegar a un acuerdo siguen siendo el tema del monitoreo adentro o afuera de la planta de UPM, y qué se controla de cada lado. Las fuentes señalaron que es muy factible que sea necesaria la intervención de los presidentes Cristina Fernández y José Mujica para que se destrabe la situación y se logre un acuerdo, más allá de las diferencias que existen entre los técnicos que negocian, varios de los que están desde el comienzo del conflicto sin haber alcanzado consenso.

Argentina insiste en un capítulo especial dedicado a UPM, que incluye el ingreso a la planta de técnicos del vecino país, cuando para Uruguay el monitoreo es sobre todo el río y con las mismas condiciones incluiría la planta en Fray Bentos pero también las empresas y posibles focos de contaminación a ambas orillas del río.

Uruguay además pretende que los científicos que participen de los controles tengan nivel internacional probado y su trabajo sea en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que es el organismo bilateral al que le corresponde dirigir el monitoreo, agregaron las fuentes.

Hay esperanza en el gobierno que en la cumbre del Mercosur en la provincia argentina de San Juan el 2 y 3 de agosto, los presidentes firmen un acuerdo de monitoreo, pero esto dependerá de la velocidad con que avancen estas negociaciones.

Almagro estuvo acompañado ayer por el jefe de gabinete de la Cancillería y ex embajador en Argentina, Francisco Bustillo, el embajador itinerante Julio Baráibar, y el embajador en Argentina, Guillermo Pomi.

En tanto, Timerman concurrió a la reunión con el vicecanciller Alberto Dalotto, la encargada de Asuntos Legales de la Cancillería Susana Ruiz Cerruti, y el presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Darío Orduña.

En el encuentro en el Palacio San Martín -sede de la Cancillería argentina- las delegaciones comenzaron a redactar un acuerdo casi desde cero, dijeron fuentes diplomáticas. Hicieron una pausa para almorzar a la hora 13 y luego retomaron la tarea hasta entrada la noche.

Las fuentes indicaron que en las horas de trabajo las delegaciones avanzaron en aspectos del acuerdo, si bien volvieron a tener diferencias fundamentalmente en cuanto a la planta de UPM. Aproximadamente a la hora 18.30, la delegación uruguaya retornó a Montevideo.

Piqueteros. En tanto, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú mantendrá un "perfil bajo" mientras los gobiernos buscan un acuerdo de monitoreo de UPM, para lo que dieron un plazo que vence el 19 de agosto. Por ahora, sólo mantienen la "presión social".

El activista Gustavo Rivollier, al ser consultado sobre el encuentro de los cancilleres, dijo que "esto se parece a lo sucedido en Santiago de Chile (en 2007), donde los presidentes (Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez) se habían puesto de acuerdo y después la empresa (Botnia) no cede a los pedidos correspondientes".

Afirmó que salieron de la ruta "por el pedido insistente del gobierno argentino, el cual aducía que estábamos perjudicando la negociación", pero que "ahora quedó demostrado que es el gobierno uruguayo el que pone trabas a una solución".

Rivollier agregó que la asamblea informa a las personas que transitan por la ruta internacional 136 sobre "los perjuicios que está generando la planta de celulosa en la región", aclaró que no se tomarán determinaciones hasta tanto no se cumplan los 60 días el próximo 19 de agosto, y no se discutirá realizar alguna medida hasta ese momento, pero que su pretensión sigue siendo que "Botnia se vaya". (Producción: Mario Aguilera, desde Fray Bentos)

Primero UPM/Botnia, después el río

El lunes 19, un comunicado de la Cancillería argentina no dejaba dudas sobre la posición del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre las negociaciones con Uruguay por el monitoreo del río. Para Argentina, primero está el control de la planta de UPM (ex Botnia), y en un segundo plano el monitoreo del río Uruguay.

El comunicado, que anunciaba la reunión de ayer en Buenos Aires, decía que los cancilleres analizarían "las propuestas de ambos países basadas en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010, en el caso relativo a las Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina vs. Uruguay) y en la Declaración Conjunta emitida por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica" al término de la cumbre de Anchorena del 2 de junio.

"El Canciller Timerman propondrá avanzar en la propuesta de un plan de vigilancia para la planta de Botnia -UPM, conforme a lo establecido en la sentencia, que comprende un monitoreo conjunto continuo del funcionamiento de la planta Botnia-UPM y de sus efectos sobre el río Uruguay, y posteriormente analizar la propuesta de un plan de control y prevención de la contaminación del río Uruguay" en el tramo compartido entre ambos países, "todo esto según lo acordado por ambos presidentes" según la Declaración Conjunta del 2 de junio.