Ayer cerró el plazo previsto para entregar propuestas para la gestión financiera del Hospital Italiano y se presentaron seis interesados.
Según dijeron a El País fuentes de la Comisión Interventora del centro asistencial, a las conocidas ofertas de gestión de la mutualista Universal y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se sumó la mutualista Casmu (que oficializó su interés luego de varias idas y venidas), la mutualista Circulo Católico, una empresa argentina y una suerte de cooperativa integrada por el propio personal del Hospital Italiano.
Las fuentes agregaron que mañana miércoles 21 la Comisión Interventora les va a dar a cada uno de los interesados una carpeta con las condiciones y los requisitos que deberán cumplir para la presentación de un proyecto concreto de gestión.
El plazo para esto será hasta el 6 de agosto. Según se explicó desde la Comisión Interventora el proyecto de gestión debe contemplar, entre otros aspectos, el mantenimiento de las fuentes laborales de los casi 500 trabajadores del Italiano.
El presidente del sindicato de funcionarios del hospital, Federico Agosto, aseguró que los trabajadores no tienen preferencia definida por ninguno de los oferentes "siempre y cuando se mantengan las condiciones laborales y los sueldos". Lo que el gremio reclama con más entusiasmo es que se reconozcan los años de antigüedad a los trabajadores.
Intervención. La intervención del Hospital Italiano por parte del gobierno comenzó el 2 de julio luego de que los funcionarios mantuvieran ocupado el sanatorio por casi dos meses. "Por ahora todo marcha en forma normal, nos vamos a abocar, ahora que recibimos todas las ofertas, al estudio para una salida definitiva", de la crisis, señalaron las fuentes de la Comisión Interventora.
En el decreto de intervención del Hospital Italiano el gobierno sostuvo que era "necesario" adoptar medidas "pertinentes y conducentes destinadas a garantizar la continuidad de los servicios asistenciales que se prestan en las instalaciones del Hospital Italiano", y agregó que se debía evitar "cualquier agravamiento que ponga en riesgo el acceso a un adecuado nivel de prestaciones". Según el decreto, la intervención tiene por objeto "generar un período de transición durante el cual se estudien, a modo de solución definitiva, mecanismos de gestión de la institución".
El centro asistencial, que tiene un pasivo de $ 369 millones, arrienda servicios médicos a diversas instituciones sanitarias.