El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley, para "clarificar y ajustar el régimen legal vigente" que regula la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central (BCU), que contiene información de unos 540.000 deudores del sistema financiero en la web de la autoridad monetaria.
El proyecto establece que "los datos personales relativos a personas físicas podrán permanecer inscriptos" en dicha central por un "plazo máximo de 15 años contados a partir del vencimiento de la operación".
Esto es que una vez que una persona termina de pagar un crédito, recién allí empieza a correr el plazo para figurar en la central. Luego de transcurridos 15 años que pagó el crédito, su nombre será retirado.
Otro de los artículos del proyecto establece que "las personas físicas y jurídicas" del sistema financiero que "suministren la información" contenida en la central, "serán las únicas responsables por la veracidad y actualización de la misma".
Uno de los aspectos que más polémica generó cuando se publicó la central está referido a si no se vulnera la privacidad de las personas que tienen créditos en el sistema financiero y si era legal publicarlos.
El artículo 3° -de los cinco que contiene la iniciativa legal- afirma que "el tratamiento de datos personales en la Central de Riesgos (...) no requerirá del previo consentimiento del titular" .
Algunos juristas y directivos de cámaras empresariales contrarios a la divulgación de esta central, argumentaban que la misma iba en contra de la Ley de Habeas Data que brinda protección a los datos personales. Por su parte, el presidente del BCU, Mario Bergara, había señalado que la publicación de la central de datos es legal y contribuye a una mayor transparencia.
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo señala que el proyecto "tiene por objeto establecer el marco jurídico claro y necesario, para garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal".
Agrega que "transparencia, privacidad y control son paradigmas perfectamente conciliables en teoría y práctica".
Para poder acceder en la Central de Riesgos a los datos de cualquier persona (física o jurídica) se debe tener el número de cédula de identidad, el Registro Único de Contribuyentes, documento de seguridad social, pasaporte o número de hipoteca. El BCU va a "generar algún tipo de restricciones y controles extra para que no cualquiera se informe acerca de las deudas de otra persona", dijo el director del BCU, Washington Ribeiro.