Gobierno negocia con tabacalera por juicio

SEBASTIÁN CABRERA

El Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo denunció que el gobierno negocia con Philip Morris evitar el juicio de arbitraje que entabló la tabacalera y puede flexibilizar la legislación antitabaco en un país "buque insignia" en el tema.

"La demanda (entablada por la multinacional Philip Morris en febrero) nunca tuvo intención de ser llevada adelante; la única intención ha sido manipular al gobierno, ejerciendo presión por gastos que el Estado deba incurrir para defenderse", dice un comunicado difundido esta semana por el CIET.

Y allí afirma que en las últimas semanas "varios hechos hacen sospechar" una negociación entre las partes: se "interrumpió" el proceso llevado adelante por Philip Morris en Nueva York; "salieron notas en diarios, de estudios jurídicos prestigiosos, sugiriendo que Uruguay puede perder el juicio"; y "existe el rumor de que se estaría negociando" para que "Uruguay dé marcha atrás en algunas medidas tomadas en relación a las advertencia en los paquetes de cigarrillos".

De hecho, fuentes vinculadas al combate contra el tabaco confirmaron a El País que hay una negociación entre el Estado y Philip Morris y que hubo varias reuniones. El triángulo negociador del gobierno sería la Jurídica de Cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Prosecretaría de Presidencia. El Ministerio de Salud Pública (MSP) no participaría de esa negociación, dijeron los informantes.

Fuentes de Presidencia dijeron a El País que desde el inicio del gobierno hay tres ministerios que se encargan directamente de la demanda: MSP, Cancillería y el MEF, pero no la Prosecretaría. Las fuentes, sin embargo, confirmaron el diálogo con Philip Morris: "Si hay una demanda de este tenor, se conversa". El ex presidente Tabaré Vázquez también está informado del tema, se indicó.

Winston Abascal, director del programa para el control del tabaco del MSP, dijo a El País que no está enterado de las negociaciones. "Si hay alguna negociación, será en Presidencia o en la Cancillería. A mí no me han pedido información ni me consultaron. Es el país que está ante una posibilidad de litigio y esto se maneja a otro nivel", señaló.

Mientras, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, indicó: "Si a mí me consultan los abogados que eventualmente puedan negociar algo (con Philip Morris), yo les diré que esta estrategia antitabaco ha demostrado sus beneficios e incide en el descenso de consumo de otras sustancias".

Romani recomienda mantener la estrategia llevada adelante y dijo a El País que las posibles negociaciones con la firma a raíz del juicio "en todo caso pertenecen a una estrategia jurídica" del país. "A la estrategia antidrogas de Uruguay no le conviene modificar ni flexibilizar la legislación porque se ha demostrado que hay resultados muy positivos. Hay un nuevo descenso en el consumo de tabaco en los jóvenes", opinó.

Romani duda que el juicio sea muy negativo para el país: "Habría que analizar si cuesta tanta plata si lo comparamos en términos de vidas humanas. Yo no sería tan ligero en analizar lo que demanda la industria. A lo mejor conviene pagar". En marzo Romani denunció, en la comisión de estupefacientes de la ONU en Viena, el "ataque de la industria tabacalera" a raíz del juicio iniciado.

Están en discusión las últimas normas dispuestas por el gobierno anterior, base de la demanda de la multinacional. La firma pretende cambios en la resolución del Ejecutivo de marzo de 2009, que dispuso una única presentación de venta al público por marca. También, en el decreto 287 y la ordenanza 466 del MSP, se impusieron nuevas imágenes de advertencia sobre el riesgo de fumar y que ocupen el 80% de la superficie de las cajas.

¿CAMBIO? Fuentes del gobierno dijeron a El País que desde el inicio del período está "en discusión" si se mantiene esa ordenanza y si es correcto haber llegado "hasta donde se llegó" respecto a los mensajes en las cajas. El comunicado del CIET indica que sería negativo atenuar la "fuerza" de las imágenes: "Están basadas en evidencia, en consonancia con el Convenio Marco para el Control del Tabaco".

Y agrega: "El gobierno uruguayo podría ceder ante Philip Morris, lo que implicaría un retroceso en las medidas antitabaco que ubican a nuestro país como líder en el continente". Esta estrategia, dice el CIET, se conoce como "slapp": esto es, "pretender intimidar o silenciar al oponente a través del costo que implica una defensa legal".

Lo que motiva a Philip Morris, dice la organización, es "socavar los esfuerzos internacionales para luchar contra la adicción al tabaco", obligar "a Uruguay a claudicar, y a hacerlo con urgencia, antes que se lleve a cabo la cuarta conferencia de las partes en Punta del Este en noviembre". Esa es una conferencia que se realiza cada dos años, esta vez en Uruguay. "Si se concreta este golpe, Philip Morris no gana mucha plata, pero le dobla la muñeca al principal país en el control al tabaco", afirman en el CIET.

Philip Morris se apoya en tratados

El 19 de febrero de 2010, a pocos días que Tabaré Vázquez dejara el poder, Philip Morris International presentó una demanda contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, órgano del Banco Mundial. Para ello, se basó en un tratado bilateral de inversiones que Uruguay y Suiza (donde Philip Morris tiene su casa matriz), firmaron en octubre del año 1988 y que entró en vigencia en abril de 1991.

Philip Morris argumenta que tres normativas perjudican sus inversiones en el país y cercenan su derecho a utilizar sus marcas registradas, violando los derechos de propiedad intelectual. La empresa tuvo que retirar siete de los doce productos que vendía en Uruguay, a raíz de los últimos cambios. En el gobierno de Vázquez había convencimiento de que las medidas adoptadas se amparan en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, ratificado por el país.