Una vez transcurridas las urgencias electorales, el gobierno del presidente José Mujica pidió al Parlamento la aprobación de dos convenios con Estados Unidos y Venezuela. Uno de ellos es relativo a la facilitación del comercio con Estados Unidos. El otro ratifica el tratado de seguridad energética con Venezuela.
El primero de ellos, que se envió al Parlamento en octubre de 2009, es un protocolo adicional al acuerdo marco de comercio e inversiones (TIFA), que propende a la facilitación del comercio bilateral mediante la aceleración del movimiento aduanero, el despacho y la liberación de mercaderías. Se expresa en el acuerdo la intención de que se mejore la cooperación entre las aduanas u otras autoridades pertinentes en materia de facilitación de comercio y asuntos aduaneros.
Además, se prevé que ambos estados publicarán en Internet sus normas aduaneras, legislación, reglamentación y procedimientos administrativos generales. Y, en la medida en que sea posible, los países publicarán por adelantado las reglamentaciones de aplicación general en materia aduanera que se propongan adoptar.
En este nuevo mensaje al Parlamento, el Poder Ejecutivo reiteró que es "esencial" la sanción de este acuerdo por parte de la Asamblea General.
ENERGÍA. El Poder Ejecutivo también reiteró al Parlamento la sanción de la ley por la que se ratifica el tratado de seguridad energética con Venezuela, que llegó inicialmente al Legislativo en julio de 2009. Fue votado por el Senado y en Diputados nunca se analizó durante la pasada legislatura.
Este tratado responde a la participación de Uruguay en la explotación de la faja petrolera del río Orinoco, en Venezuela, -acordado a comienzos de la administración Vázquez- y prevé varias alternativas como matriz energética, como el petróleo, el gas, y la energía eléctrica. Para ello, el tratado establece la posibilidad de ampliación de la refinería de la Teja de Ancap, y la asociación de ambos países para la construcción de plantas de licuefacción y regasificación de gas natural para la exploración conjunta de este recurso y para el desarrollo de la infraestructura de transporte necesario.
Dado el reciente acuerdo de Uruguay con Argentina para la instalación de una planta de regasificación, esta no parece ser el camino por el que optará el Poder Ejecutivo. De todos modos, cuando el acuerdo sea ratificado por el Parlamento, estaría en condiciones de hacerlo con Venezuela si fuera del caso.