Ingrid Betancourt demanda al Estado por su secuestro

BOGOTÁ | AFP Y ANSA

El gobierno colombiano informó con "pesadumbre" que la ex rehén de las FARC Ingrid Betancourt busca una reparación del Estado por los daños sufridos durante sus 6 años de secuestro. La demanda podría alcanzar los 6,8 millones de dólares.

La Procuraduría de Bogotá recibió dos solicitudes de conciliación extrajudicial donde la ex rehén Ingrid Betancourt y sus familiares piden una compensación monetaria por unos 6,8 millones de dólares.

El ministerio de Defensa informó que los documentos fueron enviados por la ex rehén, su hermana Astrid, su madre Yolanda Pulecio, y sus hijos Melanie y Lorenzo Delloye. La otra parte del caso es el gobierno de Colombia.

Si en esta instancia no se logra un acuerdo, Betancourt y sus familiares podrían interponer una demanda administrativa ante el Consejo de Estado.

El reclamo sostiene que el Estado colombiano falló en garantizarle la seguridad, según extractos del texto legal divulgados por la prensa.

Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en febrero de 2002 y rescatada por una operación de las fuerzas militares colombianas el 2 de julio de 2008.

El ministerio de Defensa de Colombia se declaró "sorprendido y apesadumbrado" por la solicitud de reparación, "máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución" de la Operación Jaque, con la cual se logró su rescate junto con el de tres estadounidenses y once policías y militares colombianos, indicó ese despacho en un comunicado.

Además, el ministerio de Defensa recalcó que en la Operación Jaque "mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas arriesgaron su vida en pos de la libertad de los secuestrados" y evocó que "la propia doctora Ingrid Betancourt calificó como `perfecta` esa acción militar".

También el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, opinó que la solicitud de Betancourt constituye un "precedente funesto" y es "una puñalada a la fuerza pública".

De todas maneras, las autoridades aseguraron tener la "convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado" en el caso y resaltaron que es de "conocimiento público" que la ex rehén había "desatendido" las recomendaciones que en su momento le hizo la fuerza pública para que evitase el viaje en el cual fue secuestrada junto con su asistente Clara Rojas.

En plena campaña electoral por la presidencia de Colombia, Betancourt expresó que quería viajar a San Vicente del Caguán, una zona del Sur donde se habían escenificado las frustradas conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). El diálogo no había prosperado debido a los combates entre las FARC y el ejército, que había buscado sin éxito retomar el control de la región.

Camilo Gómez, que en ese momento era comisionado para la Paz del gobierno de Pastrana, declaró ayer que cuando Betancourt iba por la carretera camino a San Vicente del Caguán firmó un libro en un puesto militar en el que escribió: "Yo sigo bajo mi propia responsabilidad y bajo mis propios medios". Gómez dijo que el libro con esa frase escrita debe estar en los archivos del Ministerio de Defensa.

Apenas hace una semana, la antigua rehén de la guerrilla participó en Bogotá de una ceremonia oficial por los dos años de la "Operación Jaque" y elogió en ese momento la decisión del gobierno del presidente Álvaro Uribe de rescatar a los secuestrados mediante "operativos humanitarios de autoridad". Calificó de "héroes" a los que la rescataron.

El pedido que recibió la Procuraduría colombiana es el primero de su tipo ya que, hasta ahora, solamente los familiares de un grupo de diputados provinciales habían presentado demandas contra el Estado.

En ese caso, los diputados fallecieron en 2007 mientras eran rehenes de las FARC y la solicitud de reparación fue para exigir una investigación en profundidad de las circunstancias de su muerte, según la asociación País Libre, que estudia el secuestro en Colombia.

La cifra

6,8 Son los millones de dólares que Ingrid Betancourt y sus familiares pedirán al Estado si no prospera el pedido de conciliación.