La jueza Gatti indaga acuerdo por el Nogaró

P. MELÉNDREZ / E. BARRENECHE

La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe investigan la existencia de presuntas irregularidades en el contrato firmado en 2009 entre la Dirección General de Casinos (DGC) y una empresa privada para gestionar el casino del Hotel Nogaró de Punta del Este. Hasta ese momento la sala de juego era administrada exclusivamente por el organismo estatal.

El caso se inició en octubre de 2009, cuando la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) presentó una denuncia pidiendo que se investiguen las características del contrato firmado entre la DGC y la empresa Vidaplan S.A. (que gestiona el casino del Hotel Mantra en un sistema mixto con el Estado) y que comenzó a aplicar la misma modalidad en el Nogaró.

Hasta llegar al acuerdo con Vidaplan S.A., la DGC gestionaba el casino Nogaró alquilando el local a la familia Sagasti. Sin embargo, cuando venció el contrato de arrendamiento, la empresa que gestiona el Mantra llegó a un acuerdo con los arrendatarios y propuso a la DGC iniciar una explotación mixta.

Según la denuncia de la Fenaju, eso implicó que la DGC pasara a pagar diez veces más de lo que abonaba mensualmente por el alquiler de local, por el 42% del total de las ganancias, dijo a El País el presidente de la gremial, Leonel Revelese.

La Fenaju también cuestiona que la DGC acordó una asociación para gestionar una sala sin realizar un llamado a interesados. "No es posible que permanentemente el Estado haya dicho no al interés privado para mantener sus propios casinos y, de la noche a la mañana, haya aceptado compartir el casino Nogaró", dijo Revelese, que responsabilizó de esa situación al ex titular de la DGC, Fernando Nopistch.

El acuerdo entre la DGC y Vidaplan S.A. estableció que en el edificio del Nogaró se construirá un "complejo turístico de nivel internacional", cuya inversión rondará los US$ 18 millones. En marzo pasado, el Ministerio de Economía resolvió pagar a la empresa un total de $ 148.750.000 (unos US$ 7.000.000) por concepto del arrendamiento del local por el período enero-diciembre de 2010. El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó ese gasto, pero luego levantó los cuestionamientos.

Revelese dijo que durante todo el proceso de negociación con Vidaplan S.A. el TCR tuvo una actuación "ambivalente", porque primero rechazó el acuerdo y luego terminó por aceptarlo. Por eso, opinó que el organismo de contralor "debe ser investigado".

Revelese apuntó al ex ministro del TCR y futuro director de Antel Carlos Guariglia, quien hasta 2008 fue abogado de Vidaplan S.A. Guariglia explicó a El País que tanto a nivel de la empresa como del organismo de contralor se excusó de actuar en el tema.

Nopistch, ex director de Casinos, defendió el sistema mixto de explotación de salas de juego, y aclaró que el acuerdo con Vidaplan S.A. por el Nogaró comenzó a gestarse antes de que él asumiera en la DGC. En tanto, el gerente de marketing de la empresa, Roberto Fernández Graña, no pudo ser ubicado por El País; se encuentra en el exterior.