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Nunca fue bien mirado que un funcionario estatal de jerarquía integrara a los cuadros de la Institución que dirige a un familiar. Por supuesto, todo depende de cada caso. Es público y notorio que legisladores que tienen partidas para gastos de secretaría, incorporen como colaboradores a familiares cercanos o amigos íntimos. Mientras sea para que trabajen, y aun pagados con fondos públicos, hasta cierto punto de vista es lógico que así sea, pues lo que importa allí es la relación de confianza personal cuando se trata de actividades que tienen su delicadeza y exigen discreción.
El problema empieza en cambio cuando para ejercer determinado cargo se necesita de un concurso y se hace una designación directa o si se ocultan datos cuando se pide y debe proporcionarse una información completa sobre el caso.
Esto es lo que algunos dicen -no se han aportado elementos para clarificar nada- que pudo suceder en el caso del nombramiento de un sobrino del secretario de Presidencia en Antel.
Cuando se divulgó la noticia de esa contratación directa por montos que no son de menor cuantía, se habló de una retribución de $ 150.000 por dos meses. Una primera averiguación del Presidente de la República lo indujo a declarar con estridencia y en público, como acostumbra a hacerlo, que esa contratación no requería concurso y le significaba al Ente -nunca se explicó el porqué- un ahorro de US$ 400.000.
Por supuesto que un gasto de ciento cincuenta mil pesos para economizar cuatrocientos mil dólares al Estado, da para ponerse de pie y aplaudir, en la medida que el funcionario tuviera suficiente idoneidad para el ejercicio de un cargo de mucha importancia, vistos los montos que se estaban manejando. Pero no bien el Presidente salió con ese alarde de suficiencia que lo caracteriza cuando se siente el dueño de la verdad, comenzaron las dudas, y el pequeño copo de nieve comenzó a tomar la fuerza de un alud.
En primer lugar se supo que no había uno, sino dos contratos. El que se envió al Tribunal de Cuentas, contrato de arrendamiento se dice que de obras y no de servicios, y otro que no se hizo público -pero que lo reclamó el Tribunal de Cuentas para poderse expedir- por un año, un arrendamiento claramente de servicios y no de obra, y renovable automáticamente, a razón de $ 75.000 mensuales más IVA. Ahí ya cambiaba la cosa, pues una contratación por esa suma, requiere necesariamente concurso.
La otra duda, que tampoco es menor, es si realmente el Ente necesitaba de ese funcionario en tareas de responsabilidad de las comunicaciones externas e internas, pues Antel ya tiene una Gerencia de Comunicación Organizacional. Y a Mujica le llegaron datos contradictorios a los que había recibido en un primer momento, que le hicieron cantar victoria apresuradamente en beneficio de la Presidenta que pidió el nombramiento.
Solo un par de reflexiones, por ahora. Una, que no es de fondo, nos lleva a pensar que Antel puede estarse transformando en una piedra en el zapato de los gobiernos frenteamplistas, después del soberano papelón ocurrido bajo la administración anterior, cuando la designación de un presunto "recomendado" del hermano del entonces Presidente Vázquez. La otra, que sí es grave sea cualquiera la explicación final del asunto, es que un miembro del Directorio que ejerce el cargo interinamente, quiso justificarse por ello quitándose responsabilidad porque no va a intervenir en los destinos de Antel en el próximo período de cinco años, lo que se contradice con la premura con que pidió se le informara lo ocurrido cuando la bola de nieve empezó a crecer. Interino o no, quien así se expresó integra el Directorio del Ente y de otra Institución estatal.
Ante el silencio, es hora que la oposición pida que se investigue. Si esto hubiera sucedido bajo un gobierno de otros partidos más vale no pensar en el escándalo que haría la izquierda de antes, hoy gobernante.
Y esta izquierda ha perdido impunidad popular.









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