Penas alternativas: Corte propone remuneraciones

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) pidió que al proyecto de ley de Penas y Medidas Alternativas a la Reclusión, a estudio del Parlamento, se le agregue un inciso donde se establezca un sistema de remuneración para los procesados que acepten realizar trabajos comunitarios para no ir a prisión, a través de un sistema con el Patronato de Encarcelados.

El miércoles, la Comisión de Legislación y Constitución de la Cámara de Diputados recibió al presidente de la SCJ, Jorge Chediak, y al ministro Jorge Ruibal Pino, quienes expusieron la visión del máximo órgano del Poder Judicial respecto al proyecto de ley que establece que los jueces, en casos de delitos leves, no ordenarán la prisión preventiva de los procesados.

Además, la iniciativa plantea varias modificaciones a una ley vigente desde 2003 en referencia a los sistemas de penas alternativas a la reclusión. En ese sentido, el proyecto a estudio del Parlamento elimina el sistema de retribuciones que la ley original prevé.

"Para la Suprema Corte de Justicia es un tema de principios. Si quitamos este inciso, estaríamos estableciendo una especie de trabajo forzado para evitar la reclusión", explicó Ruibal Pino en la Comisión de Legislación y Constitución.

El ministro de la SCJ señaló que "si el procesado no quiere realizar un trabajo comunitario irá a la cárcel, pero como ir a la cárcel hoy en Uruguay es un tema que todo el mundo quiere evitar, naturalmente que esta serie de trabajo que no es remunerado de acuerdo al proyecto, sería prácticamente obligatorio para quien esté en condiciones y no desee ir a un establecimiento de reclusión".

GENERALIZAR. Por otro lado, Ruibal Pino dijo que la intención de la SCJ es ampliar el funcionamiento de la Oficina de Supervisión de Libertades Asistidas, una dependencia del Ministerio del Interior y que desde principios del año pasado está realizando una experiencia piloto con algunos juzgados penales de Montevideo.

Ruibal Pino dijo que a juicio de la SCJ, sería bueno incorporar esa oficina al proyecto de ley "para que los jueces puedan vincularse jurídicamente en forma positiva con ella y seguir adelante con este plan que en principio era piloto y ahora puede ser generalizado". Y admitió que los magistrados son "temerosos" a la hora de aplicar sanciones alternativas "porque antes no tenían el organismo que las pudiera controlar".