WASHINGTON | EL PAÍS DE MADRID
En su primer discurso importante sobre migración desde que asumió, Obama dijo que el problema no puede resolverse con "cercos y patrullas fronterizas" y propuso regularizar a más de 11 millones de "sin papeles" que "ayudaron a construir" EE.UU.
La nueva ley tiene detractores tanto en las filas demócratas como republicanas Mientras Barack Obama defendía en Washington la necesidad de una ley de inmigración, la madre de un marine muerto en Irak pedía permiso para enterrar a su hijo en Arizona y un aplazamiento de su deportación a México para poder acudir al sepelio. Esa es la realidad cotidiana de esta nación de inmigrantes. Y esa es la realidad que el presidente ha propuesto encarar con una reforma que, sin premiar a los indocumentados, "marque un camino para su legalización", en respeto de sus derechos humanos y en aras de la prosperidad, la grandeza y la preservación de las señas de identidad de EE.UU.
El país se convirtió en la mayor potencia del mundo gracias al irresistible magnetismo de su sociedad, resumido en el eslogan del sueño americano. "Los inmigrantes han ayudado siempre a construir y defender este país", dijo Obama. "Ser americano no es un asunto de sangre o de nacimiento; es un asunto de fe, de fidelidad compartida a las ideas y los valores que son tan queridos para nosotros".
En el caso de los ilegales, que se calculan entre 11 y 12 millones, su delito es el de precipitarse a ese sueño sin pararse en burocracias. Ahora, una vez aquí, su contribución económica, y hasta cultural, resulta ya imprescindible, y tratar de deportarlos, como dijo el presidente, es simplemente inviable. Muchos tienen hijos nacidos aquí, otros llevan años ocupando sus puestos de trabajo y la mayoría respetan las leyes, están integrados en sus comunidades y hasta pagan impuestos.
La única solución es la aprobación de una nueva ley que señale las reglas para su legalización, de forma que se produzca de un modo adecuado y en condiciones que permitan reordenar a futuro la entrada de más personas en el país. La legalización "significa también", manifestó Obama, "que dispondremos de una fuerza de trabajo más joven y, en un mundo crecientemente interconectado, la diversidad de nuestro país es una ventaja muy grande en la competencia mundial".
La apuesta por un país abierto y hospitalario no significa, explicó el presidente, la renuncia a proteger fronteras y aplicar leyes. "Nuestra nación, como todas, tiene derecho a imponer sus leyes de residencia y ciudadanía. Aceptar sin más a los que vinieron ilegalmente podría estimular más inmigración ilegal y perjudicar a los millones de personas en todo el mundo que están esperando en fila para entrar legalmente".
Es preciso crear unas condiciones exigentes para la legalización. "Hay que pedir responsabilidades a las personas que entraron ilegalmente", dijo Obama, "tienen que admitir que quebrantaron la ley, tienen que registrarse, pagar impuestos, pagar una multa y aprender inglés". Hay que pedir responsabilidades también, añadió, "a los empresarios que violan la ley contratando y explotando trabajadores indocumentados".
Ese es el camino para la racionalización de un problema descomunal y ese será el corazón de la ley que debe aprobar el Congreso. ¿Cuándo? Obama, que antes se había comprometido a hacerlo este año, no puso ayer plazos. ¿Cómo? Con un acuerdo de los dos partidos. No hay otro modo.
Los demócratas carecen de la mayoría suficiente para pasar la ley en el Senado y ni siquiera están unidos en el respaldo a esa iniciativa. A diferencia de lo ocurrido con las reformas sanitaria o financiera, en materia migratoria no es previsible un corte limpio entre los dos bandos del Congreso. La posición política respecto a la reforma migratoria depende de distintas variantes, pero la principal es la de la influencia creciente del electorado latino, al que Obama intenta realinear a su favor.
Tal como ha reconocido la Casa Blanca, el presidente decidió pronunciar ahora este discurso atendiendo a la intensificación del debate provocada por la ley aprobada por el Estado de Arizona que criminaliza a los inmigrantes ilegales. Obama no despejó ayer la incógnita sobre cuándo piensa el Gobierno reclamar ante tribunales la inconstitucionalidad de esa ley, pero se refirió a ella en términos indiscutiblemente descalificadores. "Esa ley", dijo, "tiene el potencial de violar los derechos de ciudadanos norteamericanos y residentes legales inocentes al convertirlos en sujetos de posibles detenciones o interrogatorios simplemente por su aspecto o por su acento".
Las cifras
11 Millones de personas son, como mínimo, los ilegales que viven en EE.UU. y que esperan una ley migratoria que les dé papeles.
20.000 El número de agentes de la Patrulla Fronteriza que se encargan de la seguridad junto a México, por la polémica en Arizona.
Apoyo al discurso del mandatario
WASHINGTON | María Elena Durazo, secretaria y tesorera de la central Sindical AFL-CIO en Los Angeles, elogió el discurso de Barack Obama y dijo que "los republicanos están aguantando su apoyo a la reforma migratoria. Si no se mueven, si no hacen nada, al menos serán expuestos como obstruccionistas y si hacen eso, deberán pagarlo en las siguientes elecciones``.
Por su parte, Janet Murguía, presidente y directora ejecutiva del Consejo Nacional de La Raza, sostuvo que "un solo discurso no es suficiente, y no hará ninguna diferencia si el presidente no le da seguimiento y empuja a ambos partidos en el Congreso para que avancen una propuesta. Es tiempo de ver quién quiere soluciones y quién quiere seguir jugando política con las vidas de la gente y los intereses de Estados Unidos".
"Es lo más claro que él ha sido en cuanto a inmigración y puso en claro que no se puede deportar a todos los indocumentados, que necesitamos una reforma migratoria``, dijo Angela Kelley, vicepresidenta para Asuntos de Política Migratoria e Intercesión del grupo American Progress. "Sin su claro apoyo a este asunto no iríamos a ninguna parte".
"Espero que este discurso contribuya a cambiar la opinión de gente que no está convencida o bien informada sobre la reforma migratoria``, apuntó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. AP