El síndrome Robin Hood

La renuncia del juez Álvarez Petraglia ha desatado una tormenta en el mundo judicial. Conocido tanto por sus fallos resonantes como por sus choques con colegas y fiscales, su sonoro portazo a la judicatura no ha dejado a nadie indiferente. Pero por encima del personaje, la situación pone el dedo en la llaga de una serie de problemas que viene enfrentando el país en general y el sistema de justicia en especial.

Todo comenzó meses atrás, cuando el juez Petraglia procesó al penalista Carlos Curbelo en relación con un muy publicitado golpe al narcotráfico. Para eso, había utilizado el flamante instituto del "colaborador", o sea un criminal implicado en el caso, que brinda información a cambio de inmunidad, lo cual generó revuelo. Más escándalo hubo todavía cuando se supo, a raíz de un nuevo procesamiento que afectó al "colaborador", que se trataba de un estafador contumaz, y que a poco de su desprendido gesto con la Justicia, había vuelto a las andadas, lo cual ponía en duda su credibilidad. La filtración del nombre de ese individuo desató la ira del juez, que arremetió contra sus colegas del caso, forzando una investigación de la Suprema Corte, cuyo procedimiento llevó al juez a renunciar.

Hasta aquí los hechos. Pero las repercusiones han sido casi tan significativas como los mismos. Una ola de comentarios en la prensa en medios tales como Brecha o El Bocón, han salido en defensa de Petraglia, dejando entrever que se trata de un magistrado que se ha animado a enfrentarse a "los poderosos" y que por ello fue crucificado. Brecha sugiere incluso que El País habría sido "especialmente prolífico" en informar sobre el tema del colaborador, vaya uno a saber con qué intencionalidad oscura, por encima de la de informar (el ladrón cree que todos son de su condición). A este coro de lamentos se sumó gustoso el paladín de la lucha contra el delito, Jorge Vázquez, que sostuvo en un rapto de humildad que junto a Petraglia "demostramos que no hay intocables".

Primero lo primero. Desde aquí se ha criticado el instituto del "colaborador", no porque se esté en contra del mismo en general, sino porque con nuestro vetusto procedimiento penal, significa darle al juez carta blanca para disponer sobre honra y libertad de la gente. Además del tema filosófico de premiar a un criminal por sumarle a su condición de tal, la de informante, lo cual refleja una catadura moral que hace inaceptable que su testimonio sea herramienta clave para encarcelar a un ciudadano. Es una cuestión de principios, por lo cual es lógico que algunos no comprendan el punto.

En segundo lugar, hay un tema de fondo que hay que analizar. El ex juez Petraglia, en un panegírico a su carrera publicado por El País meses atrás, decía que "en el Uruguay no sólo los pobres cometen delitos. Los ricos también. Hay gente que es invulnerable al derecho penal. Y hay que cambiar eso. Y si no empezamos haciendo eso los jueces ¿quién lo hace?".

Uno no le va a pedir a algunos que intentaron no hace tanto, cambiar la sociedad a punta de pistola que entiendan que la justicia debe ser ciega (bastante han evolucionado) y que no se puede hacer diferencias por la condición económica de un imputado, ni por rico ni por pobre. Pero un juez debería tenerlo claro. Si se trata de una cuestión de que los "crímenes de cuello blanco" tienen poca pena en Uruguay, algo en lo que se podría hasta estar de acuerdo, eso se debe solucionar en el Parlamento, donde se votan las leyes, no en el despacho de un juez.

Por último hay un tema de garantías. Las mismas tienen a veces el problema de que permiten que algún delincuente escape a su castigo, pero no por ello hay que tirarlas abajo, ya que no son un capricho, sino el fruto de siglos de evolución de las instituciones políticas occidentales. Los titulares y comentarios de que "festejan los corruptos", porque no se permiten determinados instrumentos a la policía o a los jueces que instruyen, son los mismos que justifican cosas como el "patriot act" de Bush, o las medidas prontas de seguridad de tiempos pasados, que podrían tener el loable fin de derrotar al terrorismo, pero sacrificaban a cambio garantías constitucionales sagradas.

En un sistema democrático sano, en un Estado de Derecho verdadero, el fin jamás debería justificar los medios.