¿Impuestos para qué?

Julia Rodríguez Larreta

En el editorial del 24 de abril, reflexionábamos sobre el hecho de que los uruguayos trabajemos para el Estado hasta el 11 de mayo, y sólo cuando terminan estas labores forzadas de más de cuatro meses, se comienza a hacerlo para uno mismo. Un hecho sobre el que pocos teníamos precisa conciencia, hasta que el Dr. Alberto Varela, del Estudio Ferrere realizó un análisis al respecto, en base a un sistema que compara el Producto Bruto Interno (PIB) de la nación, con lo que los ciudadanos aportan en el mismo lapso de tiempo. Con una fórmula que no ignora los aportes a la previsión social, ni los tributos de los gobiernos departamentales (Montevideo tiene de los más caros del mundo), además de los encubiertos, como es el caso de las tarifas públicas. De no hacerlo así, la visión que se obtiene es limitada y engañosa. Se presta para que los gobernantes puedan afirmar tranquilamente, que al medirla con otras naciones, la carga tributaria uruguaya no es tan elevada. Pero no solo importa cuán grande es la presión fiscal, sino en qué se gastan y cómo, los recursos extraídos a los contribuyentes. Cabe entonces la pregunta de cuánto le costó a los uruguayos todos que el Frente Amplio ganara la Intendencia de Artigas, dado que el triunfo lo consiguió gracias a los votos de Bella Unión. El lugar donde justamente, el gobierno pasado y el presente subsidian, con el financiamiento inconsulto de todos los ciudadanos, el proyecto más antieconómico y oneroso que imaginar se puede.

Aunque no es nada fácil conseguir información sobre lo que realmente cuesta esta aventura cañera -en un país de clima inapropiado para este tipo de plantación-, basta analizar los dos artículos de Julio Preve publicados en estos días en Economía y Mercado, para tener una mejor idea del agujero negro que representa el plan sucro-alcoholero y la planta de Alur.

Para empezar, habla a las claras de lo inadecuada que es nuestra naturaleza para este tipo de cultivo y la baja productividad local, que su rendimiento sea menor a 6 toneladas de azúcar por hectárea. Un resultado muy malo en términos históricos y peor, si se tiene en cuenta que es la tercera parte del rinde brasilero, país que cuenta con grandes zonas donde no es necesario regar, a diferencia de nuestro territorio, lo cual por supuesto, sube los costos de la producción uruguaya. Delegados en representación de 150 cañeros acaban de reunirse con el Presidente, para reclamarle apoyo frente a sus dificultades, desde el 2006 hasta el 2009, han acumulado una deuda de alrededor de 10 a 12 millones de dólares y la zafra 2010 luce semejante. Aun cuando venden su producción a un precio político, artificial, subsidiado por toda la población. Mientras al productor brasilero se le paga por kilo de azúcar en la caña (año 2010) 20 centavos de dólar, en Uruguay se les da 67 centavos. Y no es de ahora, siempre se les ha pagado más, aunque actualmente es grande el desfasaje.

A pesar de que reciben un precio tres veces mayor que el que se les paga a los plantadores de Paraná pretenden -y Mujica les ha contestado que así será-, obtener más respaldo. Un tratamiento, privilegiado frente al resto de los trabajadores rurales, con préstamos otorgados por ALUR o sea Ancap, un ente autónomo que actúa de banco, bajo criterios que no se explican demasiado y que seguramente no serán los exigidos por el Banco Central. No hay duda de que se trata de un proyecto político y no económico. Ningún gobierno debe olvidar sus responsabilidades sociales, pero éstas deben canalizarse con sentido común y justicia respecto de todos los habitantes y ciertamente, no a cualquier costo.

Para estimar cuánto le sale a los uruguayos este azúcar "made in Uruguay" es bueno observar la diferencia entre importarlo sin aranceles (35%), el que daría un costo según el cálculo de Preve, que va de 15 a 25 millones de dólares anuales. Y no está demás aclarar que si se pudiera importar libremente, el precio al público andaría en torno a $16. Sin embargo, la gente tiene que pagarlo $26,50. Se perjudica entonces a todos los consumidores y en especial a los de bajos recursos.

No solo perdió ALUR 2,7 millones en 2008 y algo parecido el año anterior, también interesa saber de que pasivo se hizo cargo la creada ALUR. Por lo que se ha dicho, hay unos 3 millones de dólares de deudas de los agricultores con el BROU, más varias decenas de millones de dólares por pasivos viejos del ingenio; unos US$ 20 millones posiblemente. Cifras a las que hay que agregar el pago de las nuevas inversiones como la publicitada caldera, para lo que el gobierno llama empresa autosustentable, un eufemismo difícil de aceptar. ¿Los resultados sociales ameritan este gasto de la sociedad? ¿No se piensa buscar una solución más razonable?