Pareja gay obtiene beneficios en BPS como matrimonio

PILAR BESADA

El directorio del BPS resolvió otorgarle a sus funcionarios en unión concubinaria los derechos de los matrimonios, según informó a El País el presidente del banco, Ernesto Murro.

Los beneficios, para parejas de igual o diferente sexo, son el Hogar Constituido (un pago mensual que se le asigna a los funcionarios públicos de unos $ 500), la Prima por Matrimonio (una partida por única vez de $ 2.300), y la licencia por matrimonio, que se otorgará para las uniones concubinarias a partir de dictada la sentencia judicial.

La resolución surgió luego de que un funcionario del BPS en unión concubinaria con una persona de su mismo sexo reclamara en septiembre de 2009 estos beneficios de los matrimonios.

En una primera instancia, la Asesoría Letrada del BPS consideró que se trataba de una "cuestión opinable" el otorgarle o no estos derechos, y el departamento de Recursos Humanos de la institución le denegó los beneficios.

Sin embargo, a partir de ese caso y de que se presentara otro planteo similar de un funcionario en unión concubinaria heterosexual, el directorio aprobó una resolución general en la que extiende los beneficios del matrimonio a los funcionarios en unión concubinaria declarada judicialmente.

La resolución del BPS se apoya en que la ley 18.246, que crea las uniones concubinarias, y que admite los derechos de seguridad social para los concubinos. Según esta ley, de enero de 2008, las personas que han convivido de forma ininterrumpida durante al menos cinco años, cualquiera sea su sexo, pueden tramitar judicialmente la unión concubinaria, que genera derechos sucesorios y económicos.

A raíz de este caso, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) resolvió a comienzos de año que "correspondería la percepción de las primas por Hogar Constituido y por Matrimonio a los funcionarios públicos que se encuentren en unión concubinaria reconocida judicialmente".

La resolución del BPS también señala que "el crecimiento de las uniones consensuales ha sido uno de los rasgos más significativos del cambio familiar en Uruguay, para transformarse en una alternativa usual al matrimonio".

El reclamante del derecho, Diego Cardozo, señaló a principios de mes que el objetivo del planteo "no era lograr el beneficio económico, sino abrir la puerta a nivel estatal para parejas en similares condiciones".