El edil nacionalista Daniel Graffigna solicitó a la intendenta Hyara Rodríguez que investigue las denuncias de ventas de chapas de taxis formuladas en la Junta Departamental.
En tanto, el empresario Óscar Dourado aseguró que no ha comprado permisos a viudas de taxistas asesinados en servicio, como se ha dicho, aunque aclaró que eso "no le parece mal".
En una carta enviada a Hyara Rodríguez, Graffigna le solicitó a la intendenta que investigue las denuncias realizadas esta semana por el Sindicato Único y Autónomo de los Trabajadores del Taxi (Suatt).
"Durante las intervenciones de los representantes del sindicato, se mencionó por lo menos los nombres de tres personas físicas que serían titulares de más de cinco permisos para la explotación del servicio de taxi. En caso de confirmarse estas denuncias, se estaría infringiendo el artículo R. 486 del Digesto Municipal", señala la misiva cursada por el edil.
El Suatt señaló ante la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental que hay empresarios que han adquirido permisos a viudas de taxistas asesinados en servicio. Según expresaron los trabajadores, una chapa que actualmente tiene un valor de entre US$ 80.000 y US$ 90.000 fue vendida a mitad de precio, a empresarios que tienen "varios permisos y más de diez taxis".
Los trabajadores solicitaron que se indague "en poder de quién están los permisos" que pertenecían a los taxistas fallecidos. "Les pedimos que investiguen y van a ver que están en manos del zar del taxi, Óscar Dourado o de Marcelo Saporiti", declaró Iván Pioli, representante del Suatt.
Consultado ayer por El País, el ex presidente de la Gremial Única del Taxi dijo que no le molestan las denuncias en su contra, "ni que me llamen zar".
"Son comentarios de una persona que no tiene conocimiento del tema. Si van a la Intendencia, le van a decir cuántos taxis tengo", puntualizó.
Dourado dijo que tiene tres permisos y medio de taxis, más otros tres a nombre de su esposa y dos medios permisos a nombre de sus hijos.
De todos modos, aclaró que muchas viudas han vendido sus permisos o parte de ellos para salir de una dificultad económica, con el aval de la Junta.
"Algunas viudas no pudieron llevar adelante la actividad del taxi y pidieron a la Junta Departamental que les permitiera vender el permiso, en algunos casos para pagar deudas y para poder adquirir una vivienda que le diera tranquilidad al núcleo familiar, porque tener el taxi no les era rentable al no estar el jefe de familia. El legislativo comunal actuó con transparencia y cristalinidad. Por eso, no me parece mal que se investigue", sentenció Dourado.