DANIEL ISGLEAS
El gobierno y el Parlamento preparan un control conjunto sobre la Inteligencia del Estado que incluye la posibilidad de tener que responder ante la Justicia por operaciones.
La idea fue de menos a más: durante el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez, la oposición no tuvo suerte al intentar incluir en la ley marco de la defensa nacional un mecanismo para la supervisión parlamentaria de las actividades de los organismos de Inteligencia del Estado. Pero con el transcurso del tiempo, y el cambio de administración, la iniciativa halló campo fértil y el aval del Poder Ejecutivo, y comenzará a ser discutida la próxima semana en el Parlamento.
Hay sintonía entre los partidos y el gobierno, al punto tal que una iniciativa en este sentido presentada por el diputado de Vamos Uruguay José Amy, que preside la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, se complementará con un proyecto de ley que enviará en pocos días el Poder Ejecutivo al Parlamento.
En la época de Vázquez, el gobierno tomó cuenta de la disparidad de esfuerzos y recursos materiales y humanos que el Estado dedica a las tareas de Inteligencia. Se decidió, entonces, crear un cargo de coordinador a nivel nacional para centralizar las actividades, pero nunca se ocupó por distintos motivos.
La administración que encabeza José Mujica encontró a la persona que consideró idónea para el cargo de coordinador de Inteligencia del Estado, el ex integrante del MLN-T Augusto Gregori, que tiene la función de centralizar toda la información que elaboren los servicios militares y policiales. Ahora, este proyecto del Ejecutivo establecerá las pautas de funcionamiento de la futura Inteligencia y además contendrá disposiciones que habiliten un control parlamentario, anticipó a El País el diputado Álvaro Vega (MPP), miembro oficialista de la comisión de Defensa.
JUSTICIA. Amy, diputado colorado por Soriano, entró con bríos a la comisión de Defensa en su primer año como legislador. Presentó un proyecto para conformar una comisión bicameral parlamentaria que reciba informes periódicos del coordinador de Inteligencia estatal.
La comisión, que se integrará con los miembros de las comisiones de Defensa de ambas cámaras, "supervisará mensualmente" la labor de Gregori.
El proyecto establece que el coordinador de Inteligencia estatal "deberá estar abierto" a una eventual investigación judicial, explicó Amy a El País.
Si bien la comisión parlamentaria no podrá destituir al coordinador, la comisión legislativa tendrá el poder de observación de la política llevada a cabo y, si fuera del caso, puede retirarle la confianza al jerarca.
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla ya dio el aval para que esta iniciativa prospere, aunque eventualmente pueda ser modificada y enriquecida en su texto, dijo Amy.
Los nacionalistas y frenteamplistas están, en principio, de acuerdo con la idea.
Ya en el gobierno pasado, el diputado nacionalista Javier García, miembro de la comisión de Defensa, había sugerido al gobierno que permitiera un control parlamentario sobre la Inteligencia estatal, aunque entonces el planteo no prosperó.
Depende de Mujica
El coordinador de Inteligencia del Estado, el ex MLN-T Augusto Gregori, depende del presidente José Mujica. Tiene control sobre la Inteligencia policial y militar, con las ramificaciones del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Prefectura Naval. El cargo fue creado por la ley de Presupuesto de 2005, pero la falta de definición de una política común de Inteligencia y los desacuerdos en torno a quién designar, llevó al ex presidente Tabaré Vázquez a dejar vacante el cargo.