Piqueteros votaron levantar el corte al puente desde el sábado

Gualeguaychú | Daniel Rojas

A la medianoche, en una caótica votación, los piqueteros de Gualeguaychú decidieron levantar el bloqueo de la ruta que lleva al puente San Marín. Será por 60 días a partir de la hora 13 del sábado 19. La votación final fue de 402 votos contra 315.

Tras encendidos discursos cargados de críticas a los gobiernos de Cristina Fernández y José Mujica, la Asamblea de Gualeguaychú decidió entre dos propuestas: seguir con el corte de la ruta 136 que impide el tránsito por el puente binacional San Martín, o levantarlo por 60 días con el fin que se alcance un monitoreo conjunto del río Uruguay que incluya controles en la planta de UPM.

Al momento de la votación el desorden reinó. Primero se votó a mano alzada pero se consideró que no era seguro el conteo. Luego se decidió separar a quienes estaban a favor de cada propuesta en los dos lados del club Frigorífico donde se realizó la asamblea.

Finalmente, se resolvió que quienes estaban a favor de levantar el corte salieran a un patio y así poder contar los votos con más garantías. Ganó la posición de levantar el bloqueo por 402 a 315 votos.

En la asamblea de ayer hubo tres posiciones que se analizaron y que, con condiciones diferentes, contenían el levantamiento del corte de la ruta 136.

La propuesta que ya se conocía era la de los "moderados", que plantearon levantar el bloque por 45 días, con el objetivo de ver si se concreta el monitoreo conjunto de la planta de UPM, quitada la traba que según el gobierno argentino implica el piquete y convencidos que el monitoreo dará como resultado que UPM contamina.

Otra propuesta apuntaba a levantar el piquete desde el 1º de agosto, cuando se sepa si Mujica y Fernández firmaron el acuerdo del monitoreo de la contaminación del río Uruguay que el 2 de junio coincidieron en concretar en un plazo de 60 días.

La posición más radical en tanto, planteaba la posibilidad de levantar el bloqueo tras negociar que el gobierno argentino acepte "el cumplimiento del Código Aduanero y el dragado del río Uruguay".

Más allá que la columna de Mujica, que dejó abierta la posibilidad de que el monitoreo conjunto incluya controles en UPM, fue valorada positivamente en el correr de la tarde de ayer, durante la asamblea el gobierno uruguayo fue duramente criticado.

control. En 2006, los gobiernos de ambos países acordaron un memorándum de entendimiento para suspender las obras de Botnia, para que un grupo de seis expertos realizara un estudio ambiental del emprendimiento ajustados a términos técnicos de referencia presentados por Argentina.

Botnia aceptó suspender las obras por 10 días, período que fue considerado insuficiente por el gobierno de Argentina, en ese entonces presidido por Néstor Kirchner, para hacer un estudio ambiental.

Pero en esa ocasión, la empresa de capitales finlandeses también consideró que los requisitos que Argentina quería exigir a la empresa en sus procesos de producción era inaceptable, ya que no surgen ni de la normativa ambiental nacional ni de la europea, e incluso de la finlandesa.

En la pasada jornada, UPM siguió guardando silencio respecto a la columna del presidente y la posibilidad de un monitoreo conjunto con Argentina dentro de la planta, de lo que no tuvo comunicación oficial por parte del gobierno uruguayo.

Fuentes políticas y diplomáticas manifestaron su preocupación por consecuencias negativas que un monitoreo binacional dentro de la planta puede ocasionar y que no sólo refieren a la soberanía, sino a violaciones a derechos de la empresa y a la posibilidad que integrantes del grupo que inspeccione la planta reclamen condiciones de producción que busquen hacer inviable la planta.

El senador nacionalista y ex canciller Sergio Abreu expresó que "es claro que el monitoreo debe ceñirse a lo que dice el fallo de La Haya y el estatuto del río Uruguay, que se refiere al régimen del río, a la calidad de las aguas y el perjuicio sensible que se pueda ocasionar por determinadas actividades contaminantes".

"Pero no ingresar en la fábrica, porque primero hay un derecho de la empresa a mantener inclusive algunos aspectos reservados de su proceso productivo, y además porque está en territorio uruguayo y la soberanía no se cede así nomas", afirmó el legislador. Abreu destacó que "no se puede confundir la capacidad de contribuir para que el monitoreo asegure que la planta no contamine, con nuestras concesiones que faciliten una vía lateral que lo que el fallo determinó en forma contundente pueda ser cuestionado orientado a que la fábrica no funcione más", concluyó.

Solicitan retirar la demanda

La Cámara de Diputados de la provincia argentina de Entre Ríos pidió a su gobierno nacional que retire las demandas civil y penal contra los asambleístas de Gualeguaychú que bloquean el puente San Martín.

El texto aprobado por los legisladores provinciales solicita a su gobierno que "no criminalice la protesta social".

Además reclama que "se cumpla con lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el sentido de que Argentina y Uruguay lleven adelante un monitoreo conjunto de la planta de UPM (ex Botnia) desde su interior".

Jorge Larrañaga: "No se puede afectar la soberanía del país"

No se puede afectar el derecho de propiedad. Hay que tener muchísimo cuidado hasta dónde se llega. Una cosa es custodiar el monitoreo de las aguas del río Uruguay y de los efluentes directos en forma conjunta. Otra cosa es que Argentina se meta dentro de la propia fábrica", expresó Larrañaga. "No corresponde al amparo del fallo de la Corte Internacional de La Haya, ni de acuerdo al estatuto del río Uruguay", dijo el líder de Alianza Nacional. "No creo que los argentinos nos dejen incursionar en una situación análoga. Pero no corresponde que se haga un monitoreo conjunto dentro de la propia empresa, porque eso afectaría la soberanía del país y el derecho de propiedad", agregó Larrañaga.

Pasquet: "No puede rechazar el control internacional"

La idea de generar un control internacional sobre la planta no puede rechazarse, ya que en el día de mañana puede ser Uruguay quien quiera saber cómo funciona una planta industrial en el país vecino", expresó el senador colorado Ope Pasquet. Planteó dos cuestiones que Mujica no dejó claras: "quién hará el control y qué es lo que se va a controlar". Respecto a lo primero, cree que "lo mejor sería buscar una empresa auditora de prestigio internacional, contratada por la CARU, y que sea ella la que entre en UPM para hacer los controles correspondientes". Sobre lo segundo, recordó que el fallo de La Haya expresó que el procedimiento y la técnica productiva que utiliza UPM no merecen objeción.

Pablo Mieres: "El gobierno podría ceder más de lo debido"

Con mucha cautela y diría hasta preocupación, porque en definitiva esto va indicando claramente que hay una línea de negociación entre el gobierno argentino y el gobierno uruguayo que no fue explicitada después de la reunión de Anchorena", dijo el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, sobre el aval de Mujica para la inspección de UPM. Consideró que se ingresó en "un campo minado" en la relación con Argentina y que hay que tener cuidado de posibles cambios de posturas del gobierno K. "En el afán de encontrar una solución, el gobierno uruguayo, que es apegado al Derecho y que por lo tanto actúa de manera correcta, pueda ceder más de lo que debe y ahí me parece que está el problema", dijo.

Omar Lafluf: "no más rehenes"

FRAY BENTOS | DANIEL ROJAS

El intendente reelecto de Río Negro, Omar Lafluf, no quiere que los fraybentinos sigan siendo usados como "rehenes" del conflicto y opina que la negociación debe enfocarse a resarcir los daños ocasionados por el piquete en los últimos años.

Lafluf cree que el monitoreo dentro de la planta no debería ser moneda de canje para el levantamiento del corte. "Pienso que el monitoreo de la planta no debería ser negociado por el levantamiento del piquete de Arroyo Verde. En definitiva, el fallo de la Corte de La Haya hace referencia a controlar el río. La Comisión Administradora del Río Uruguay deberá definir lo que se debe hacer para controlar, pero debemos darle la debida independencia y no condicionar al organismo de antemano", opinó Lafluf.

"Da la impresión de que el corte está caído, por la orden judicial (del Juez Gustavo Pimentel) y la denuncia del gobierno argentino con 18 cargos contra los referentes de la asamblea", dijo.

Agregó que si los gobiernos van a negociar, "preferiría que me dijeran: vamos a negociar un control más efectivo, a condición de que se efectúe el dragado del río Uruguay a 36 pies".