Una delegación del Sindicato Único del Taxi (Suatt) denunció ante la comisión de Transporte de la Junta Departamental la venta de chapas de taxis que le fueron otorgadas a familiares de taximetristas fallecidos mientras trabajaban, víctimas de delitos.
Si bien el documento no se puede comercializar y es intransferible por una disposición municipal, la Junta autorizó cuatro ventas en los últimos cinco años. Según explicaron los ediles, se hicieron excepciones ante "situaciones límite" que se presentaron.
"Lo que la Junta Departamental hace es autorizar o no la venta de acuerdo con la situación económica de la familia. Por ejemplo nosotros autori- zamos hace un año la venta de la mitad de la chapa de un vehículo que pertenecía a la señora de un taxista fallecido, porque la mujer estaba con una enfermedad terminal y no podía pagar su tratamiento. Además no tenía el dinero para comprar un vehículo y ponerlo a trabajar", explicó a El País el presidente de la Comisión de Transporte de la Junta Departamental, Jorge Meroni.
Según expresaron los trabajadores una chapa que actualmente tiene un valor de entre US$ 80.000 y US$ 90.000 fue vendida a mitad de precio y a empresarios que tienen "varios permisos y más de 10 taxis".
El sindicato solicitó a los ediles que para evitar la negociación de las chapas la Intendencia, a través de la Junta, otorgue a la familia de los fallecidos, además de las chapas, la posibilidad de financiar el coche para poder seguir trabajando y de esta manera "no verse en el aprieto de tener que vender la chapa".
Los trabajadores pidieron además que se investigue "en poder de quien están los permisos" que eran de taximetristas fallecidos.
"Les pedimos que investiguen y van a ver que están en manos del zar del taxi, Óscar Dourado o de Marcelo Saporiti", dijo Iván Pioli representante del Suatt. Por su parte, el edil Daniel Graffigna dijo a El País que pondrá en marcha una investigación para saber en qué condiciones se vendieron las chapas y aseguró que si hay algún propietario que tiene más permisos de los permitidos (el digesto municipal autoriza un máximo de cinco permisos) se les retirarán. "Nosotros autorizamos las ventas porque eran situaciones límite pero nos parece lamentable que haya gente que lucre con esto, por eso vamos a investigar", dijo el edil.