Contra la unipersonal

Cuidado con criticar a los gobiernos porque no hacen nada, porque pasan los meses y no envían ningún proyecto de ley. La misma advertencia se aplica para la costumbre de calificar a las legislaturas entendiendo su nivel de excelencia, por el número de leyes que hayan sancionado. Es cien veces preferible que hagan poco, a que se presenten y encima se voten, pésimas leyes.

En este rango hubo varias, en el pasado período y en el que corre, el panorama es igual de preocupante. En estos días, la bancada del Frente Amplio se muestra empeñada en pasar rápidamente la instancia de la comisión de legislación laboral, para que pronto llegue a la Cámara de Diputados, el proyecto que impulsa el diputado Luis Puig, conocido dirigente sindical.

La gran genialidad que han pergeñado es la eliminación del artículo 178 de la ley 16713 que habilitó la creación de las empresas unipersonales.

Un instrumento que fue aprobado para crear condiciones que aumentaran la formalidad del mercado laboral. Mientras desde el Ministerio de Trabajo hablan de la intención de fomentar la legalización del trabajo autónomo, los legisladores frentistas empujan una ley que justamente, va en la dirección opuesta. A no ser que los gremialistas, los que hoy revisten como parlamentarios y los dirigentes políticos del F. A. pretendan que todos los uruguayos se conviertan en trabajadores dependientes.

Por más que esgriman como razón de ser de esta iniciativa, el que esta figura contractual se usa para disimular contratos que en realidad son de dependencia laboral, es evidente que no les hace ninguna gracia que existan en Uruguay unas 200.000 unipersonales sobre las cuales les es difícil operar. Detrás de esta movida se ve un claro objetivo: aumentar la cantidad de afiliados a los sindicatos bajo la órbita del PIT-CNT. Cuantos más sean, más poder.

La manera de luchar contra el abuso y la utilización tramposa para disfrazar, para evadir, por medio de esta forma contractual, que por supuesto puede existir, pasa por afinar los controles del BPS y la DGI. Para algo se han gastado como 6 millones de euros en la reconversión de esta última y sin embargo, como parece que no es capaz de hacerlo la propia institución, le exige fiscalizar el IVA a los empresarios, haciéndolos agentes de retención. Y colocan la responsabilidad de supervisar el IRPF en la cabeza de las empresas, aumentándoles tranquilamente los costos que significa esta obligación. Terminar con un instrumento como las unipersonales, sumamente útil y necesario, es más que un absurdo. Borrarlo del mapa es fomentar el crecimiento de la precariedad y es atentar al corazón del espíritu emprendedor; contra las posibilidades de la gente (no más empleados públicos, por favor) de trabajar por su cuenta, de poner una empresita, de contratar a algún joven que se organizó para brindar, por ejemplo, un "service" para computadoras. Es un ataque a los pequeños emprendimientos individuales y a favor de la concentración en las empresas grandes. Es ir a contramano del mundo, donde se ha extendido el teletrabajo, el outsourcing, los servicios globalizados y hay un franca concientización de las ventajas que trae la mayor flexibilidad laboral para dinamizar la economía y el empleo. Además, se contradice abiertamente con ciertas prédicas típicas de la izquierda, la que supuestamente se preocupa por los débiles, a diferencia del salvaje capitalismo, (el que está sacando de la miseria a la China y tantos otros) aunque bien mirado, la impresión que se saca de esto, es que en realidad son las grandes concentraciones de trabajadores lo que le interesa.

El que abre una unipersonal paga para su jubilación, es mucho lo que aportan a las arcas del Estado y es cierto que no reciben muchos de los beneficios que tienen los asalariados dependientes. Puede entonces buscarse la manera de mejorar esta situación, perfeccionando esta modalidad, pero no hacerlas desaparecer. De ser así y es probable que lo sea dada la mayoría automática frentista, el informalismo que hoy llega al 30% , será aun mayor.