Mala leche

IGNACIO DE POSADAS

Fue la que se derramó, abundantemente, en el reciente conflicto de Conaprole. Alguno dirá, "¿y a mi qué? Yo no soy tambero, no tengo almacén y ni siquiera me gusta la leche". No te gustará, pero la mala leche producida en el conflicto afectará a todos. Es alarmante la pasividad que aún existe frente a un proceso, algo gradual y solapado, pero constante, de menoscabo al Estado de Derecho.

Para empezar, el episodio fue un caso clarísimo de conflicto individual de trabajo. Más allá de quien tuviera razón, se trató del despido de un trabajador. Eso descarta de plano todas las medidas aplicables a los conflictos colectivos, ( sin siquiera entrar a discutir la legalidad de cada una, p. ej.: la ocupación "express" ahora denominada "á la mode", como piquete).

Existe una normativa laboral y una justicia laboral (que renguean pro operario), hiper garantistas y a la mano del trabajador en cuestión. Este es el único camino lícito que se puede tomar en un caso como el ocurrido.

Entonces, ¿qué juicio cabe hacer a los diferentes actores de este evento?

El Sindicato de Conaprole actuó mal. Mal jurídicamente, violando el sentido que tienen tanto el instituto de la huelga como el de la propia entidad sindical y mal éticamente, violentando principios de respeto y honestidad intelectual, que son básicos para la convivencia al interior de una empresa.

Pero, el Pit-Cnt actuó peor. A esta altura del campeonato, no puede alegarse ignorancia o despreparación en una organización nacional, pletórica de recursos económicos, con décadas de experiencia, manejada por dirigentes que hace tiempo se dedican a eso (y a nada más). La central sindical fue culpable, como coautora en la violación del orden jurídico y del daño económico (el actual, visible y no visible, y el potencial, producto del precedente), causado a Conaprole, a los remitentes, distribuidores, clientes y consumidores. La mera falta de proporcionalidad entre el despido de una persona, amparada por un ordenamiento jurídico y el avasallamiento de ese orden y de los derechos de innúmeros sujetos, rompe los ojos.

Por lo que debe concluirse que quien superó a todos en la negatividad de su actuar fue el Poder Ejecutivo. Su asunción de protagonismo negociador significó, ni más ni menos, que un reconocimiento y un respaldo del gobierno a la violación del orden jurídico, despojando a la empresa de la protección efectiva de sus derechos: ¿para qué sirven si la autoridad no obligará a su cumplimiento? ¿Qué diferencia hay entre la situación de Conaprole, impedida de ejercer sus derechos constitucionales ínsitos en la libertad de comercio e industria, (que incluye la facultad de despedir dentro del marco de la ley) y lo que todos vemos como casos bochornosos, cuando en otro país se violenta la libertad de circulación, aún después que el Poder Judicial ordena que se respete? ¿La culpabilidad por omisión del gobierno argentino, es tan diferente a la conducta del nuestro en el caso Conaprole?

A estar por noticias periodísticas, hasta se habría dado un episodio de igual ridículo, en el cual la policía se escurrió de cumplir la solicitud de la empresa que desalojara piqueteros de una planta, aduciendo que precisaba orden judicial (¡para entrar donde había sido requerida por el dueño que lo hiciera!).

El asunto culminó con una supuesta solución salomónica, inventada por el Poder Ejecutivo, de usar el Seguro de Paro, como mecanismo "enfriador", lo cual -increíblemente- no parece haber alarmado a nadie. Hasta pintó como algo bastante ingenioso. Sólo que constituye un fraude a la ley, perpetrado, nada menos, que por el poder público, lo cual encuadra a los jerarcas involucrados en el delito de abuso de funciones.

Las consecuencias de todo este fárrago son:

1) Nuevas violaciones del orden jurídico, (garantía de los derechos de todos), consentidas, alentadas e inventadas por el gobierno, y,

2) Otro pésimo precedente en el campo de las relaciones laborales y de la libertad de comercio e industria. Si creen que exagero, lean los discursos que coronaron el paro del miércoles pasado "se acabó la impunidad patronal" (sic).

Lo cual nos lleva al otro actor en todo este tema. Al actor que no actuó. Ahí su pecado.

Modernamente lo llamamos Poder Legislativo y hemos acabado por creer que su razón de ser está en fabricar leyes que produzcan bienestar. Pero su sentido primigenio está en la protección de los derechos de los ciudadanos. Para eso fue creado el Parlamento y eso fue lo que no hizo en este caso. Jurídicamente la omisión es de la institución, pero políticamente debe serle achacada a la oposición.

Tiene que haber un llamado a responsabilidad a los integrantes pertinentes del Ejecutivo.