Todo al revés

Ya no queda nadie que habiendo ocupado cargos de gobierno responsablemente ignore que el país está inserto en un mundo capitalista y que nuestra sociedad -aunque algunos sectores abominen de ello- se rinde a la realidad, que es como es y no la cambian las utopías ni los voluntarismos. Ya es de Perogrullo decir que el país necesita inversiones de capital para que su economía crezca, y así pueda elaborarse la torta para repartir. Pero el capital pone como condición elemental para radicarse en un lugar, que se le respete. Quien se dé cuenta de ello, tendrá que coincidir en que como consecuencia lógica, el derecho de propiedad y el derecho al trabajo, y a la huelga, deben armonizarse de tal manera que ninguno de ellos invada el terreno en donde debe predominar el otro. Y en donde al capital se le intente subordinar al capricho de algunos trabajadores, o no va, o se va. No quiere problemas. Que nadie olvide nunca que en el concepto del capital se integran atributos de la especie animal. Tiene la velocidad de la liebre, el temor de la gacela, y la memoria del elefante.

Aunque ya todos pasados de maduros, esto no lo entendieron algunos de nuestros sindicatos. Creen que los beneficios que han recibido del gobierno de izquierda son propios de esa condición, y no se dan cuenta que si la economía creció y sus salarios aumentaron, fue gracias a que nuestra producción -concepto que no equivale al de "productividad" porque aquella es el resultado de ésta, que es una aptitud en potencia- se encontró con una demanda inusual en el mercado por muchos años, como nunca la tuvo antes. Entonces esos beneficios serían la consecuencia de las políticas de los gobiernos de izquierda. Es la falacia perfecta porque en el mundo ya no existen políticas económicas dogmáticas.

En estos días vivimos dos ejemplos que lamentablemente dan razón a lo que estamos diciendo.

El caso Conaprole arrasa con todos los principios de garantía que deben respetarse en un Estado de Derecho. La empresa dice haber comprobado que un trabajador entregaba mercadería sin facturar, y lo despide. Las consecuencias son varias: una huelga en perjuicio de la empresa y la intervención del Ministerio de Trabajo para buscar una solución al conflicto. ¿Qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo en este asunto? ¿Qué hay que negociar? El derecho a despedir está consagrado por la Constitución y la ley. Si los hechos denunciados por la empresa fueron ciertos, aunque no exista responsabilidad penal del dependiente, hay razones más que suficientes para cesarlo en sus funciones. Si no fueron ciertos, el uso del derecho se transforma en un abuso, y el perjudicado podrá reclamar una indemnización -ante el Poder Judicial- por despido abusivo. A la ley se le respeta, no se negocia con ella. La propuesta del Ministerio fue casi una presión a la empresa. Y el "casi" va de regalo.

Otro caso inaudito es el derecho que pretenden ejercer los sindicatos de algunas personas públicas a oponerse a la designación de directores propuestos por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, también bajo amenazas.

Conaprole recibió el apoyo unánime de los productores y de las Cámaras empresariales, que conocen las nefastas consecuencias de la intervención estatal.

Uruguay no integra OIT para que sus representantes en ella viajen gratis a Europa, y gozando de la primavera y de sus viáticos. La OIT observó al país por esa intervención desmesurada del Estado en el Consejo Superior Tripartito que debe decidir los conflictos laborales. Éstos, deben ser resueltos por las partes involucradas en ellos en base a acuerdos colectivos.

La imagen que damos es negativa. Y el salto sindical a la torera para manejarse por encima del Estado de Derecho pretendiendo imponer a la fuerza una especie de cogestión empresarial, traerá como consecuencia inevitable espantar al capital, y dar aumentos salariales artificiales que tendrán con financiarse con emisión, a falta de otro recurso.

Lo demás, es conocido.