Chicana y algo más

Leonardo Guzmán

Diez días atrás, en An-chorena, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció contra el corte de la ruta 136 y atribuyó su prolongación a la falta de resolución del Poder Judicial.

Este martes la Justicia dispuso -mejor dicho, volvió a disponer. El juez de Concepción del Uruguay declaró fundada la denuncia de ciudadanos de Gualeguaychú donde reputaron delictivo que se les impida "el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar".

Al pronunciarse, el magistrado recordó que entre 2006 y 2007 se emitieron los oficios 86, 299 y 1479, pidiendo los tres al Ministerio del Interior que despejase la ruta para garantir el libre tránsito; y quedaron sin cumplirse.

Con lo dicho en Anchorena, cabía esperar que el gobierno argentino mandase a desalojar el piquete de Arroyo Verde.

Pero no. En vez de hacer cumplir la orden del Juez, dispuso demandar penalmente a los líderes piqueteros, querellándolos por diez figuras, entre ellas amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, sedición ¡y hasta homicidio culposo!

Con lo cual le dio una nueva vuelta de tuerca al conflicto, complicándolo con juicios tardíos e innecesarios, que volverán a estirarlo sin plazo y sin sentido en vez de resolverlo.

Maniobra menor -inadmisible en el mundo serio del Derecho y del sentido común- despliega lo que en el lenguaje forense se llama "chicana", vocablo calcado del francés que el diccionario define como "artimaña, procedimiento de mala fe".

¿Qué sentido tiene que el servicio policial al que un Magistrado le ordena impedir la continuación de un delito permanente, en vez de obedecer acuda al mismo Juez para presentarle demandar a los autores por un rosario de tipificaciones, mientras tolera impávido que se siga infiriendo a la comunidad el mal de ese delito?

¿Qué explicación jurídica tiene que recién ahora se esté movilizando la denuncia estatal, por hechos que se han venido perpetrando a lo largo de años a la vista del mundo entero?

Si los delitos fueron diez y no uno solo y se conjugaron día y noche durante 1.300 días, ¿cómo pudieron pasar inadvertidos en un Estado de Derecho, que llega jadeante y contra corazón a imputar en junio de 2010 una iniquidad que se inició en noviembre de 2006?

La inconsecuencia es mayúscula. Merece repudio. Por el hecho en sí y porque le dice a la opinión pública que Tratados internacionales, Constituciones, leyes y órdenes judiciales carecen de imperatividad, tienen vericuetos insondables y son de pronóstico imposible.

Más grave, pues, que la chicana es lo que asoma detrás: la reducción de la luz de los principios y el Derecho a una sopa de argumentos chirles, que puede convertirse en dieta colectiva zombi al servicio de cálculos de política menor.

Eso atenta contra el cimiento mismo del edificio jurídico de la libertad, que reposa sobre la certeza de que la ley se conoce y se aplica, sin jugar a las escondidas con lo categórico de sus imperativos.