Denuncia penal contra los piqueteros

ARROYO VERDE | DANIEL ROJAS

Argentina sorprendió ayer con su anuncio de que denunciará penal y civilmente a los líderes del corte del puente San Martín, una decisión que irritó a los piqueteros de Gualeguaychú y despertó reacciones encontradas en el oficialismo uruguayo.

Cuando todos esperaban que de un momento a otro el gobierno de Cristina Kirchner le diera la orden a la Gendarmería para desalojar el piquete de la ruta 136 que bloquea el acceso al puente San Martín, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció al caer la tarde que se había presentado una demanda civil y penal contra los responsables del bloqueo.

"Los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la Justicia", afirmó Fernández, y sostuvo que "hasta ahora no ha habido contundentemente ningún fallo judicial" que ordene levantar el bloqueo.

Fernández aludía así al último fallo de la Justicia argentina en contra del bloqueo, el que emitió esta semana el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. El magistrado recordó el martes 8 que existe un fallo "previo" que ordena garantizar la circulación de vehículos por el puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Sin embargo, Pimentel en ningún momento ordenó, explícitamente, el desalojo del piquete.

El jefe de Gabinete explicó -tras una larga reunión con la presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak- que "no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible".

La demanda del gobierno contra los responsables del piquete fue radicada ayer en el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.

Fernández dijo que la denuncia penal es por amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y homicidio culposo.

En el piquete de Arroyo Verde, dos centenares de simpatizantes de la Asamblea de Gualeguaychú reaccionaron indignados, entre silbidos e insultos, cuando Fernández mencionó la lista de delitos que se les imputa.

"La querella en sí misma procura definir con nombre y apellido a los responsables de no acatar el fallo" de la Corte Internacional de La Haya, explicó Fernández.

En cuanto a la denuncia civil, dijo que es porque existe "responsabilidad de quienes generan acciones que provocaron cierres de negocios y exportaciones e importaciones, además de la compra de productos uruguayos necesarios, entre otras cosas".

"En el tiempo más breve posible debe ser liberado el puente", concluyó Fernández.

En el gobierno uruguayo no hubo comentarios sobre esta estrategia argentina. "Cancillería no hablará y tampoco nadie del gobierno, porque es un tema planteado en la interna argentina. Uruguay no quiere interferir y pretende ver cómo siguen los acontecimientos", dijo a El País el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Y agregó: "Uruguay se quedará callado a la expectativa de lo que pasa para no interferir en la interna argentina".

A nivel político sí hubo reacciones en el Frente Amplio y la oposición. En la coalición de izquierda quedaron expuestas claramente dos posiciones. (Ver nota en esta página).

Reacción piquetera. Al grito de "¡el corte no se toca!" y "¡el pueblo unido jamás será vencido!", unas 200 personas permanecieron hasta la noche en el piquete de Arroyo Verde, construido en 2006 en protesta por la instalación de Botnia.

Jorge Fritzler, uno de los líderes del piquete, con rostro de preocupación convocó a una asamblea urgente a la que no pudieron acceder los medios. Había trascendido que Gendarmería ya había comunicado el desalojo.

Los anuncios de Aníbal Fernández no hicieron más que despertar la ira de los piqueteros, que gritaban a viva voz: "¡De acá sólo nos van a sacar muertos!".

Los rostros se fueron tensando a medida que el jefe de gabinete anunciaba las medidas dispuestas por el gobierno.

Notorios gestos de reprobación y silbatinas, interrumpieron por momentos los anuncios de Fernández, fundamentalmente cuando hizo mención a que aún no estaba probada la contaminación de Botnia y sobre actitudes hostiles de la asamblea de Gualeguaychú.

Al final de la conferencia que fue seguida en el refugio, por unas 150 personas, se escucharon cánticos insultantes hacia el jefe de Gabinete, que algunos canales bonaerenses reprodujeron en vivo.

Los asambleístas se sintieron traicionados. "Señor ministro, un pueblo está haciendo patria por lo que ustedes no han hecho. Ustedes deberían haber estado acá, en tiempo y forma. No nos culpen a nosotros porque en definitiva el corte de ruta es una circunstancia de un hecho consumado, que ustedes supieron conocer y avalaron en silencio", expresó el piquetero Juan Carlos Barrios en referencia a Fernández.

Este dirigente del "ala dura" de la asamblea, advirtió que el corte "es una acción que va a seguir adelante, aún con 100 mil citaciones judiciales de por medio" y en tono desafiante envió un mensaje al jefe de gabinete: "No soy delincuente, soy un ciudadano común que defiende la patria y la soberanía, algo que usted no hace. Tengo dignidad, cosa que a usted le falta".

Estrategia de aislar a los duros

Un analista político cercano a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo anoche a El País en Buenos Aires que, además de ganar tiempo, la decisión del gobierno argentino de judicializar el conflicto buscaría dividir más a los asambleístas de Gualeguaychú y aislar a los más duros, que serán justamente los denunciados.

"En el gobierno argentino abonan esa teoría del aislamiento y debilidad de la asamblea con la poca gente que estuvo hoy en el corte. Se esperaba que en la asamblea de esta noche (por ayer) iba haber mucha gente de la que finalmente asistió. Eso lo toman como una buena señal", dijo el analista.

Por fuera de las declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el gobierno argentino nadie salió a hablar del futuro del bloqueo del puente San Martín.

A primera hora de la tarde, las únicas declaraciones que había en los medios argentinos eran las del ministro de Justicia, Julio Alak, a radio Diez.

Alak dijo que el gobierno argentino mantenía su decisión de hacer cumplir la orden judicial de levantar el corte, y especuló que la medida se podría tomar ayer mismo. "Hay una orden judicial expresa, clara y contundente (...). Los manifestantes deben cumplir la orden judicial y el gobierno la va a hacer cumplir a través de las fuerzas de seguridad federales, en este caso de la Gendarmería, en el marco del estado de derecho", dijo Alak.

"En principio creemos que los manifestantes van a acatar la orden, es lo que el gobierno prevé. Si no lo acatan serán notificados personalmente que deben acatarla. Esto va a ocurrir hoy (por ayer miércoles)", señaló el ministro de Justicia argentino.

Agazzi: "Gobierno argentino se compromete en persona"

Senador del MPP

Me alegra que el gobierno argentino respete el fallo de La Haya, llevando adelante acciones para cumplir con eso. Se compromete en primera persona y tiene un peso muy fuerte".

Pasquet: "Argentina está dispuesta a aplicar la ley"

Senador Partido Colorado

El gobierno argentino da un paso cualitativo, aunque tarde. Hay que dejarlo que ejecute y administre la sentencia judicial de la mejor manera para restablecer el estado de derecho".

Abreu: "Argentina ha dado un paso cualitativo"

Senador partido Nacional

Hay un paso adelante porque el gobierno argentino está dispuesto a aplicar la ley y hacer efectivos los fallos judiciales. Llama la atención que recién ahora hayan resuelto actuar".

Alegría en el MPP y pesimismo en AU

El anuncio del gobierno argentino generó visiones opuestas en la bancada del Frente Amplio: optimismo y satisfacción en el MPP y pesimismo en Asamblea Uruguay. La oposición observa la acción argentina como "un paso adelante", aunque "llegue tarde".

El senador del MPP Ernesto Agazzi, cercano al presidente José Mujica, dijo a El País que siente "total respeto" por la decisión argentina. "Me alegra que el gobierno argentino respete el fallo de La Haya y el tribunal del Mercosur, llevando adelante acciones para cumplir con eso", dijo Agazzi. A su juicio, el gobierno de Cristina Fernández "se compromete en primera persona y tiene un peso muy fuerte" en la decisión. "Lo veo como algo muy positivo", concluyó.

En la misma línea, el senador Alberto Couriel (Espacio 609) indicó que siente "expectativas optimistas" y que es "un hecho favorable que cambia radicalmente la situación después de tanto tiempo cerrado el puente". Couriel cree que el gobierno argentino "está dispuesto a terminar con el corte, con demandas judiciales y en algún momento llegará la Gendarmería". Y aseguró: "Es un grado de avance impresionante. Esperemos con serenidad. El diálogo iniciado por Mujica da resultados".

En cambio, el senador de Asamblea Uruguay Carlos Baraibar, miembro de la comisión de asuntos internacionales, sostuvo que la decisión argentina es "más de lo mismo", ya que no se hará "nada" para el desalojo.

Baraibar confió a El País que el gobierno uruguayo deberá "armarse de paciencia" y esperar una resolución favorable del corte recién cuando "los Kirchner abandonen el poder". Baraibar no cree que el gobierno argentino cambie de posición, dado que "no lo hizo cuando Néstor Kirchner estuvo al frente y no lo hará ahora, que está debilitado".

Desde el Partido Colorado, el senador Ope Pasquet indicó que "hay un paso adelante porque el gobierno argentino está dispuesto a aplicar la ley y hacer efectivos los fallos judiciales", pero dijo que "llama la atención que recién ahora hayan resuelto actuar" contra los piqueteros. "Igual más vale tarde que nunca", afirmó.

El senador blanco Sergio Abreu dijo que el gobierno argentino "da un paso cualitativo", aunque sea tarde. "Hay que dejarlo que ejecute y administre la sentencia judicial de la mejor manera para restablecer el estado de Derecho", opinó.