Gobierno argentino no va a desalojar y demanda a piqueteros

El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo en conferencia de prensa que el fallo de la Justicia no es lo suficientemente contundente por lo que no se desalojará del corte del puente General San Martín, pero se entablará juicio penal y civil a los líderes piqueteros.

"En lugar de notificar a quienes no se van a notificar, en lugar de poner a las fuerzas de seguridad para lograrlo reprimiendo -no tenemos la vocación de reprimir-, nos presentamos como querellantes en la causa. Denunciaremos penalmente, con nombre y apellido, a los responsables", dijo el funcionario, que también aclaró que será denunciados ante la justicia civil.

La decisión fue muy mal recibida entre los integrantes de la asamblea ambiental de Gualeguaychú que acusaron al gobierno de Cristina Kirchner de no cumplir el fallo de La Haya. ( Ver nota aparte )

Entre otros delitos por los cuales el Estado argentino denunciará a los ambientalistas, Aníbal Fernández mencionó homicidio culposo, amenazas agravadas, daños al bien público, instigación a cometer delito, apología del delito, atentados al orden constitucional, atentados al orden público, sedición, atentados al orden público, resistencia y encubrimiento, entre otros. Todo esto va a ser acompañado con elementos probatorios

En lo civil, el canciller argentino dijo que se va a denunciar a los líderes del piquete por su responsabilidad en cierre de centenares de negocios, perdida de trabajo del transporte, importaciones y exportaciones, turismo y la imposibilidad de transitar libremente la frontera entre Uruguay y Argentina.

"Vemos que quienes han sido ocupantes del puente y que han tenido actitudes radicalizadas en muchos casos, no han tenido un punto de inflexión y siguen con la misma actitud", sostuvo el canciller, explicando la postura de su gobierno.

Al respecto de esta actitud, mantenida por los integrantes del corte de Gualeguaychú, Fernández dijo que "constituye un alzamiento contra una decisión de una corte internacional, acatada por el gobierno de la Argentina".

"Esta conducta impide el control y monitoreo que nos garantice con objetividad que la planta en cuestión no contamina", dijo el canciller quien agrego que "no se puede predisponer al Uruguay a trabajar en conjunto ante una situación de esta característica".

"Hemos asistido invariablemente a que quienes mantuvieron esa actitud radializada, a una expresión contundente que no van a acatar decisiones de la justicia", sostuvo Aníbal Fernandez, al tiempo que anunciaba que el procurador del tesoro de la nación estaba presentando el escrito en el juzgado.

Sobre aplicar la represión, Fernández dijo que su gobierno "no tiene la vocación para reprimir y no vamos a reprimir".

"A esto hay que darle un corte definitivo", dijo Fernández, mientras agregó que "no podemos no acatar el fallo y permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer un fallo internacional".

El canciller argentino se retiró de la conferencia de prensa sin escuchar preguntas de los periodistas que allí estaban.