En medio de un debate con críticas a la gestión del Frente Amplio en la administración anterior y el comienzo de la actual en relación con la política carcelaria, la Cámara de Representantes avanzó en la aprobación de la ley de emergencia para el sistema carcelario pedida por el Poder Ejecutivo y hoy la votará, enviándola al Senado.
La iniciativa dispone la creación de 1.500 cargos en el Ministerio del Interior para incorporar personal con destino a la Dirección Nacional de Cárceles. Asimismo, autoriza la transformación de otras vacantes del Ministerio para poder contar con más policías penitenciarios.
Para este proyecto, el Poder Ejecutivo destina US$ 15 millones para desplegar un plan que propenda a la construcción, reciclaje y otras modificaciones edilicias en establecimientos carcelarios; el arriendo o compra-venta de locales; la adquisición de equipamiento para edificios e instalaciones penitenciarias, y gastos derivados del realojamiento de reclusos (alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud).
Además la iniciativa autoriza alojar a reclusos en unidades militares con custodia interna del Ministerio del Interior y externa a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, hasta tanto se encuentren disponibles los centros penitenciarios que se adecuarán o construirán.
Los legisladores Gustavo Borsari, Javier García, Jorge Gandini y Jaime Trobo, del Partido Nacional, más el independiente Iván Posada y los colorados Gustavo Cersósimo y Germán Cardoso, anunciaron el apoyo a la iniciativa, no obstante lo cual cuestionaron fuertemente al gobierno por enviar, desde 2005, señales equivocadas a la sociedad sobre cómo manejar el problema (al impulsar aquel año una ley para liberar presos de las cárceles) y pidieron que se reconozca el fracaso de la política implementada por la izquierda en esta materia.