Nuevo proceso penal elimina figura del "colaborador". señaló experto

PABLO MELÉNDREZ

El ex decano de Derecho de la Udelar, Alejandro Abal, dijo que si el nuevo proceso penal se aprueba tal como está previsto, derogará algunas de las nuevas técnicas de investigación contra el crimen organizado, como la figura del "colaborador".

Abal explicó que como el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) no hace referencia a esas técnicas de investigación, los métodos deberían ser eliminados si se aprueba la nueva legislación tal como se elaboró.

El ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República -que es experto en Derecho Procesal- planteó esa situación ayer, al disertar en el foro "Reforma de los Procedimientos Criminales en Uruguay" en el marco de la "Conferencia sobre Asuntos Jurídicos y Políticos en las Américas" que se realiza en el Hotel Sheraton de Montevideo y que es organizada por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

Según la ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los juzgados especializados en crimen organizado están habilitados a utilizar técnicas de investigación particulares para sus indagatorias.

Entre ellas, se prevé la "vigilancia electrónica" que permite controlar las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos que reciben y envían los sospechosos y la "entrega vigilada", que implica que se deja transitar un cargamento de droga hasta que llegue a sus destinatarios finales.

Asimismo, se creó el "agente encubierto" mediante el cual un agente policial se incorpora a la organización delictiva para obtener información.

Sin embargo, la figura más polémica es la del "colaborador" que puede llegar a un acuerdo con la Fiscalía para, a cambio de entregar detalles de la operativa, recibir una pena más leve.

De acuerdo con la legislación, el delincuente que acepte brindar información podrá lograr "la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo".

"Cualquiera de los operadores judiciales que se haya metido en este tema (de las técnicas de investigación de crimen organizado) sabrá que no sólo es una materia técnicamente discutible, sino que además hay que crear una cultura procesal que por ahora no tenemos", reflexionó Abal en su exposición.

Consultado posteriormente por El País, explicó que, para que los métodos de investigación sean considerados como una prueba válida, el proyecto de reforma del CPP debería contemplarlos a texto expreso, cosa que hoy no ocurre.

"Hay mucha gente que está en contra del colaborador por principios, y otros que están en contra porque en la práctica requiere una cultura de cómo funcionar que no existe", señaló el especialista.

En principio, con el proyecto actual, solamente podría ser aplicada la "vigilancia electrónica", ya que esa técnica sí está prevista dentro del nuevo modelo procesal penal, dijo Abal.

CAMBIO. Por su parte el catedrático Miguel Langón advirtió que hay "un problema cultural" y dijo que si no se cambia es inútil cambiar las disposiciones legales. Langón se refirió a la reforma del CPP, que plantea la instauración de un sistema oral, público y acusatorio, donde la tarea de investigación estará a cargo de los fiscales.

Entre sus principales innovaciones, el nuevo modelo procesal establece que la prisión preventiva se aplicará sólo en casos de particular violencia (como violación u homicidio) pero, por regla general, el procesado esperará la sentencia en libertad y, si es condenado, recién entonces irá a la cárcel.

"Hay jueces y fiscales que todavía tienen la idea metida en la piel de que la prisión preventiva es anexa al auto de procesamiento", dijo Langón en la conferencia en la que participan jueces y abogados de Uruguay, Estados Unidos y otros países de la región.

Langón agregó que hay jueces y fiscales que "exceden las funciones que la legislación les ha impuesto".

Dijo que según pactos internacionales, la prisión preventiva no se debe aplicar en casi todos los casos, como sucede actualmente.

Por eso, Langón reclamó que por la vía legislativa se limite "el poder discrecional de los jueces y, si (los legisladores) quieren que las personas no estén en prisión preventiva que lo digan más categóricamente" para no dejar lugar a interpretaciones personales.

Por su parte, el presidente de la comisión que elaboró el anteproyecto de reforma del CPP, Dardo Preza, subrayó que modificar la legislación implica "despojarse de arraigados conceptos provenientes de la visión inquisitiva del proceso penal que vincula el hecho presuntamente delictivo y la identificación del imputado con la imposición de prisión preventiva como principio o regla".

Preza consideró de vital importancia modificar la legislación procesal penal vigente, porque el sistema actual "no asigna primordial importancia al principio de inocencia y en general tampoco a las garantías del debido proceso".

Sin nuevo código se llegará a 12.000 presos

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, afirmó que la reforma del CPP es "imprescindible" y debe conllevar a un cambio "mental" en los operadores judiciales.

Garcé dijo que hay "señales" que demuestran que el sistema penitenciario está sumido en una "profunda crisis".

Como ejemplo, sostuvo que el año pasado -además de haber sido récord en cuanto a la población reclusa- también registró el mayor índice de la historia en cuanto a fallecimiento de reclusos en episodios violentos: en total murieron 24 internos. Agregó que es vital disminuir el elevado número de reclusos que están privados de su libertad, pero no tienen condena. Se estima que, de ser aprobado, el nuevo CPP permitirá controlar esa situación, ya que los juicios penales serán más breves.

"Se ha instalado cada vez más fuertemente el paradigma de la aplicación de la prisión preventiva", cuestionó el comisionado parlamentario. "Si hacemos una reforma procesal que incorpore conceptos y normas muy modernas pero no la acompañamos con recursos para que sea una reforma real, tendremos un muy buen propósito y poco más", añadió Garcé en una ponencia que realizó ayer al participar de la "Conferencia Anual sobre Asuntos Jurídicos y Políticos en las Américas".

Garcé dijo que el sistema penitenciario tiene capacidad para unos 5.000 internos, pero actualmente son 9.000 reclusos.

Pero pronosticó que, de mantenerse la tendencia actual, en cinco años habrá un total de 12.000 detenidos.

Defensa de Oficio

El director de la Defensoría de Oficio Penal de Montevideo, Ronald Herbert, dijo que será "difícil" trabajar con el nuevo modelo procesal propuesto, ya que se desarrollará por audiencias y en plazos mucho más acotados. Por eso habrá que reestructurar aspectos organizativos de la Defensoría, señaló.