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RODOLFO SIERNA ROOSEN
Habrá sido un descrédito para el país no cumplir con las formalidades del Estatuto del Río Uruguay al autorizar la instalación de la planta de celulosa?
Primero habría que ver si esa omisión formal existió, porque un jurista e internacionalista de jerarquía como el Dr. Didier Opertti lo niega, y los jueces son falibles. Pero aún bajo el supuesto de la transgresión, situándonos en la peor de las situaciones -que fue intencional- le puedo encontrar su justificación por aquello del mal menor, que está en esencia como una de las causas de justificación de una conducta que desvanecen al delito: la legítima defensa.
No creo en las malas lenguas, aunque a todos nos llegó la versión que la primera intención de los finlandeses fue instalarse en Entre Ríos, pero les salía carísimo, seguramente por cuestiones de aranceles, sellados y esas cosas que generalmente hay que pagar para sacar adelante un negocio, prácticamente en todo el mundo. Para no pasar por ingenuo tengo que admitir que aquí probablemente también. No soy experto en la materia, pero la malicia comenta que esos costos en Argentina son muy, pero muy altos. Recordemos lo de Antonini y su maleta, o lo que está sucediendo con el ex secretario de Transporte del gobierno del matrimonio, Ricardo Jaime, procesado junto con diez empresarios que le habrían comprado un avión privado para viajar por el mundo. O la acusación que involucra al ex Director del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, y al Ministro de Planificación, el tan popular Julio de Vido, sobre los porcentajes que deben pagar empresarios argentinos a la administración de su país para concretar negocios en Venezuela, otra que tira y pega.
Entonces a los finlandeses les convenía por razones de costo es claro, hacer la inversión aquí. Para Uruguay - cómo será la cañada que hasta Vázquez que votó en contra el Tratado con Finlandia terminó comprendiéndolo- era muy importante que la planta se localizara en nuestro territorio. Estudió responsablemente el tema -Vázquez es una autoridad como médico-, llegó a la convicción científicamente irrebatible que la planta no contaminaba a nadie ni aquí ni allá, asumió lo que significaba como aporte al crecimiento económico y a la generación de empleo, y con ese bagaje de certezas ¿qué se esperaba que hiciera? ¿Qué antes de dar la autorización se metiera en la boca del lobo de la CARU a que le tranquen arbitrariamente el negocio, se lo fondeen, o extorsionen al país para compensar las pérdidas de aspiraciones de la administración argentina?
Eso no convenía al interés nacional. Y entonces, adelante con los faroles. Argentina demandó, denunció la violación formal del Tratado, le dieron la razón, pero le negaron lo que su afán de venganza pretendía. No a la relocalización de la planta, y no a reparaciones porque no hubo daño. Ahora, que vaya Busti a hablar con los piqueteros.
Y a otra cosa, mariposa.










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