El final lógico

El Partido Nacional, a través de la iniciativa del diputado José Carlos Cardoso, presentó un proyecto lógico, y el único jurídicamente viable, para terminar con la polémica sobre la Ley de Caducidad. Se trata simplemente de derogarla.

La ley fue sancionada para cerrar el capítulo de la dictadura que asoló el país y quien se interese por saber lo que ocurrió lo conseguirá fácilmente. Cuando el Pacto del Club Naval, en 1984, el gobierno de facto por un lado, y el Partido Colorado, el Frente Amplio, la Unión Cívica y dos personas en nombre de un partido improvisado (Partido Laborista), acordaron la restauración democrática y la convocatoria a elecciones para integrar las Instituciones. Faltó a la cita el Partido Nacional en señal de protesta porque las elecciones tendrían lugar con proscritos y encarcelados, entre los cuales estaba su líder natural de aquel momento.

La historia -contada de buena fe- enseña en primer lugar que no obstante la presión internacional que se hacía sentir, los militares dejaron el gobierno por su voluntad. Era evidente que los usurpadores del poder no habrían de admitir revisionismo alguno por el empleo de la fuerza. Estaba sobreentendido porque en caso contrario el acuerdo no plasmaría, ya que nadie entrega la suma del poder que está en sus manos para ir preso. El Frente Amplio, implícitamente concedió esa impunidad, pues a cambio de su reivindicación política consentía cualquier cosa. El que calla, cuando puede y debe hablar otorga. Plantear el tema pudieron allí y entonces; no lo hicieron, callaron.

Pero llegó el momento en que se presentaron denuncias judiciales por desaparecidos, y cuando sólo una ley podría impedir la comparecencia de los militares a los juzgados, el Frente se dio vuelta y negó que los hechos fueran como realmente fueron. Fue entonces que con el respaldo del Partido Nacional, se sancionó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en determinadas condiciones, la cual, sometida a referéndum, el soberano decidió ratificar.

La ley cumplió con la finalidad pacificadora del país que la inspiró. Está vigente desde hace casi un cuarto de siglo, lapso en el cual las Instituciones se consolidaron plenamente. En su momento el mundo entero elogió la salida "a la uruguaya" de la crisis institucional.

Pero a alguien se le ocurrió el disparate de promover una reforma constitucional proponiendo su "anulación", una ficción grotesca, inaceptable por el derecho, por la cual se pretendía fumigar con efecto retroactivo la ley, haciendo como si nunca hubiera existido en nuestro derecho positivo. Parece mentira que abogados, y hasta profesores de historia que invocan hechos ocurridos en el pasado que confunden otros actos jurídicos o hechos materiales con una ley -así se educa a la juventud- hayan apoyado el despropósito. Afortunadamente, y por segunda vez, el pueblo le cerró el paso al intento, esta vez, por pudor jurídico, consciente de la dimensión del mamarracho y de su potencial para servir de antecedente para otra barbaridad.

Y bien, la ley ya cumplió su cometido. Seguramente se pueda interpretar que Tratados ratificados luego por el país la derogaron tácitamente. Además, tiene una tacha de inconstitucionalidad emanada de la Suprema Corte de Justicia que le hace perder sentido a su vigencia.

El Partido Nacional, que sacrificó réditos políticos cuando aportó para su sanción, debe ser quien ahora tome la delantera para proponer su derogación, justificada hasta por razones biológicas. Argumentar que la ley no es derogable porque la ratificó el soberano, es absurdo. El Poder Legislativo puede derogar cualquier ley, y no hay norma ni sentido común que puedan avalar esa opinión, sostenida además por quienes estuvieron de acuerdo nada menos que con la temeridad de la "anulación".

Así se terminaría por fin con los cuellos torcidos mirando hacia el pasado, por quienes no tienen sentido de la ubicación para comprender cuándo la gente se hartó. Demos vuelta la página.