R. R.
Las últimas horas del viernes se vivieron con fuerte preocupación por parte de la cúpula del Ministerio del Interior. Al principio el ministro Eduardo Bonomi, el subsecretario Jorge Vázquez y el director de la Policía Nacional, Julio Guarteche analizaron el caso luego de recibir a familiares de Ignacio Rospide.
Cuando la noticia del secuestro, mantenida hasta entonces en secreto, se filtró a los canales de televisión las jerarquías sintieron que la vida de la víctima corría peligro, señalaron fuentes ministeriales.
La filtración de información es ahora materia de una investigación interna, dado que se considera una falta grave que además violenta el protocolo de acción en casos de secuestro extorsivo.
Pero las preocupaciones van más allá. Las fuentes consultadas señalaron que se teme que haya policías involucrados en el caso. Las sospechas se avivaron por tres factores: la insistencia de los secuestradores en que no se denunciara y la celeridad con que liberaron al empresario cuando se hizo notar la presión policial; el hecho de no existir en el país una delincuencia preparada para llevar a cabo operaciones tan complejas; y por último el antecedente inmediato en el caso del empresario Pascual Zarrillo, secuestrado y luego muerto por dos policías y un civil hace menos de un mes.
"El caso de Zarrillo hizo evidente niveles preocupantes de corrupción dentro del instituto", señalaron las fuentes consultadas. En contrapartida de ello, la secretaría de Estado ve con buenos ojos el accionar de una de las unidades consideradas como modelo en la Policía, como el Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Montevideo. "Tiene los oficiales más preparados, que realizaron cursos en Colombia, y se mantienen permanentemente actualizados en este tipo de delitos", indicaron.
La sombra de la sospecha, en tanto, se mantiene mientras los investigadores procuran esclarecer todo el entramado detrás de este secuestro extorsivo.
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