El juez penal que el lunes procesó al ex senador colorado y ex director de OSE Juan Justo Amaro, abrirá una investigación para indagar presuntas irregularidades en ese organismo en el período 2005-2010 de la administración frenteamplista.
En el auto de procesamiento dictado contra Amaro, el juez Carlos García resolvió remitir al fiscal Eduardo Fernández Dovat una serie de elementos aportados por la defensa del ex jerarca y que, a su juicio, demostrarían que las mismas presuntas irregularidades registradas durante su gestión también tuvieron lugar bajo la administración del último Directorio de OSE.
Amaro fue enjuiciado por los delitos de "fraude" y "abuso de funciones" por hechos ocurridos durante su actuación como director del organismo entre 1996 y 2003. El ex jerarca perteneciente al Partido Colorado, de 79 años de edad, cumple actualmente prisión domiciliaria en el departamento de Florida, de donde es oriundo.
Amaro fue acusado por irregularidades relativas al otorgamiento de viáticos para sus tres secretarios y también por gastos excesivos en publicidad oficial que, según determinaron el juez García y el fiscal Fernández Dovat, fue asignada de manera arbitraria.
Sin embargo, la defensa de Amaro, integrada por los abogados Jorge Barrera y Jorge Pereira Schurman, aportó al expediente una serie de documentos que demostrarían que las presuntas irregularidades por las cuales fue procesado su cliente, se mantienen en la actualidad.
Ante eso, en su resolución, el magistrado señala que se debe dar cuenta a la Fiscalía para que se pronuncie respecto a los eventuales delitos ("notitia criminis") sobre los cuales informaron los defensores de Amaro, quien hasta el pasado de 15 febrero ocupaba una banca en el Senado en representación de la lista 15.
"Se presentó documentación que evidencia que los hechos imputados a Amaro se siguen repitiendo en OSE actualmente. Por eso, si lo ocurrido anteriormente fue delito, lo que pasa ahora también debe serlo, aunque nosotros entendemos que no hubo delito ni antes ni ahora", dijo Barrera a El País.
El abogado explicó que ante el juez García se presentaron varias resoluciones adoptadas por el Directorio de OSE a partir de 2005 relativas a los viáticos de los funcionarios y la asignación de publicidad.
"Hubo (en el último período) un manejo arbitrario de la publicidad. En una sola partida se adjudicaron US$ 200 mil. A Amaro se lo cuestiona porque durante toda su gestión se aprobó un gasto de US$ 157 mil para ese rubro", señaló el abogado del ex funcionario.
En cuanto a los viáticos, Barrera dijo que su cliente fue procesado por asignar pagos de $ 18.500 a sus secretarios, pero "esta administración de OSE votó compensaciones de $ 36 mil", aseguró. "No se puede entender cómo para un Directorio es delito y para otro no", cuestionó el abogado.
En abril de 2007, en el mismo expediente por el que fue procesado Amaro -que se inició tras una denuncia presentada por la administración de Tabaré Vázquez- fueron enjuiciados los ex directores de OSE Carlos Rodríguez Landoni y Hugo Granucci, así como 15 funcionarios administrativos.
Por otro lado, el juez García pidió nuevamente al Parlamento el desafuero del diputado herrerista Alberto Casas, que también fue director de OSE.
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