Enrique Beltrán
Es extraño el apremio con que se llevó adelante la ley de creación de las alcaldías. El entonces Presidente Dr. Tabaré Vázquez alentó esta iniciativa al final de su mandato, cuando pisaba los umbrales de su salida. Lo hizo con tal impaciencia y apremio, como si no hubiese tenido un quinquenio para darle vida e impulsarla. La iniciativa se dispara, corta de tiempo para su estudio, proveniente de los apurones impuestos por el oficialismo. Por eso se mostraron dispuestos a llevarse por delante la Constitución aunque no estuviesen los dos tercios de votos requeridos por su mandato. Esa amenaza, proveniente de una fuerza política poco celosa del acatamiento a aquellas disposiciones, fue un factor de presión importante para avenirse a una transacción por la que se corrigen algunas de las disposiciones proyectadas. Así quedaron dudas que siguen en pie. Son inquietantes por cuanto se suscitan y acumulan en torno a las proyecciones inmediatas del sufragio, su verdadero alcance y a las competencias de esos municipios que configuran "un tercer nivel de Gobierno y Administración" como así reza el artículo 1° de la ley de "Descentralización política y participación ciudadana". Tal vez la designación sea un poco pretenciosa, porque es difícil apreciar si a través de su texto se logran esos objetivos que se proclaman. Las circunstancias que llevaron a su sanción no han permitido analizar cuidadosamente sus alcances, ni sus peligros. Una temprana demostración de ello, son algunas recientes declaraciones de Ana Olivera, candidata del oficialismo a la Intendencia de Montevideo y destacada militante del partido comunista. Si se recuerda, esa candidatura provino de un callado convenio. Mientras con entusiasmo otros aspirantes de su partido se perfilaban como candidatos, ignorantes de lo acordado sin ruido, la plaza ya estaba ocupada. Como imagina ser la próxima intendenta de la capital, adelantó en algunas de sus declaraciones, su interpretación del alcance de la nueva normativa. Así deja sentado que "si triunfan en mayo los alcaldes que sean electos en los ocho municipios capitalinos, deberán ajustarse al programa de la izquierda, aunque pertenezcan a otros partidos". Esa rigidez exclusivista, característica de todos los partidos comunistas, mucho más cuando asoman al poder, mal se aviene con el espíritu de nuestras instituciones y con el de la propia ley. Con indignación y buenas razones los dos candidatos nacionalistas se ocuparon de tales afirmaciones. Javier De Haedo se interroga: "¿Para qué se hizo la ley de descentralización? ¿Para elegir mandaderos del intendente o alcaldes representantes de la gente?" Ana Lía Piñeyrúa señaló que "el pronunciamiento era absolutamente autoritario sobre el ejercicio del poder." El urgido trámite que ha tenido la ley, con la amenaza de sancionarla pese a su inconstitucionalidad, impuso la forzada colaboración de los otros partidos. Una vez puesto en marcha para un impaciente designio oficialista, surge la duda si la interpretación de aquella candidata es sólo una opinión acorde con la ideología de ese sector, o sería el objetivo no proclamado, que tanta urgencia puso de llevar en la ley. En definitiva podría ser sólo multiplicar engranajes burocráticos y proselitistas en diversos rincones de la capital y también del país. Confío que no sea así. Que la ley sea para descentralizar como se quiso y no, como parece querer esa candidata para más concentrarlo.
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