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Los escritos redactados por Carlos Real de Azúa -"El poder de la cúspide, elites, sectores dirigentes, clases dominantes"- se compendiaron en un libro editado por Celadu en 1989 bajo el título genérico de "El poder". Allí se desarrolla una idea que parte de la observación que con regularidad de ley existen gentes (una minoría) que mandan y gentes (una mayoría) que obedecen. A la tradición aristotélica de clasificar los regímenes políticos por el número de personas que detentan el poder (monarquía, oligarquía, poliarquía), puede apuntarse una reserva derivada de la convicción que todos los sistemas son en último término oligárquicos o elitistas, en donde actúa un pequeño número de líderes y sigue una masa de partidarios. Alfred Mayer agregó que las formas de contralor y responsabilidad son apenas estratagemas para que la oligarquía se legitime. Es cierto que la actitud del pueblo, presente o previsible, pesa sobre los proyectos de esa minoría, pero es difícil encontrar una justificación democrática del elitismo.
Se invoca al sociólogo inglés Bottomore que denuncia la existencia de minorías dominantes en un sistema democrático como una deficiencia de éste. Pero las elites existen. Su importancia desborda el análisis político social y puede radicarse en zonas inesperadas, como la de la teoría jurídica, y nadie lo expresó mejor que Leon Duguit, que partía del reconocimiento que en todo grupo social hay un hecho único: individuos más fuertes que los demás, que quieren y pueden -aunque sea por el solo hecho de organizar su acción diríamos nosotros- imponer su voluntad al resto, expresión universal de la diferencia entre fuertes y débiles, gobernantes y gobernados.
El asunto viene al caso, porque en nuestro país hay elites. Están sindicalizadas en el ámbito laboral y docente y en el de los intelectuales, todas ellas radicadas en la izquierda, en ese reino de la contradicción lógica que existe en la calificación de "progresismo" y su voluntad de rechazar los cambios. En nuestra interpretación, esas son las elites a que se refirió el Rector de la Universidad ORT, Jorge Grünberg cuando expresó en Maldonado que son las que teniendo mayor educación y una visión más amplia del mundo, tendrían que decirle la verdad al país para que encare los cambios que necesita, pero se la ocultan porque no quieren pagar los costos que ello traería consigo. El país no puede -dijo el Rector- "sostener el modelo productivo del siglo XX, con muchas personas envejecidas, un sector público muy grande y una emigración que no cesa" (El País, 11 de marzo, A8). Entiende que son imprescindibles los cambios "para contar con un modelo educativo, una inserción distinta, una flexibilización del mercado laboral, y la creación de un mercado de capitales".
El Rector fue prudente al volcar su esperanza en la mejora educativa en un país en que el cuarenta por ciento de la población estudiantil no termina secundaria, porque "tenemos un Presidente muy sensible a la necesidad de cambiar... y partidos de oposición que están sintonizados con el Presidente en estos grandes temas…"
Nos parece que no hay señales claras en ese aspecto. En el discurso de asunción del Presidente, repitió varias veces la palabra "educación" como un objetivo básico para los cambios, pero no explicó cómo se procesarían ninguna de las políticas de Estado que anunció querer. Sobraron los "qué" se necesita hacer y no dijo nada del "cómo" hacerlo. Y no aludió tampoco a la imperiosa necesidad de derogar esta ley de educación que sólo está vigente para burocratizar al máximo la docencia, sin dar una sola pauta en la necesidad de asegurar calidad en la enseñanza.
Estas son nuestras elites gobernantes, las de las minorías que mandan para dejar las cosas como están, las que imponen la más fuerte resistencia a los tantos cambios que nuestra sociedad necesita para ubicarse en un mundo al que entiende, pero a cuya dinámica le tiene pánico y prefiere seguir observándolo a la distancia.
Para educar, se necesita cultura. Y es lo que falta.









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