Blancos promueven derogar la ley de Caducidad

PABLO MELGAR

El diputado nacionalista José Carlos Cardoso volvió a presentar el miércoles pasado un proyecto de derogación de toda la ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. El argumento de Cardoso para promover esta iniciativa es que la norma fue "un instrumento útil" para la pacificación nacional pero que "hoy no tiene razón de ser". El legislador afirmó a El País que cuenta con el apoyo de la bancada del Partido Nacional y que está convencido que el Frente Amplio acompañará la iniciativa. "La izquierda está atrapada en el debate de la anulación, que en realidad no existe como tal. Creo que esta vez lo van a votar", afirmó.

Cardoso recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Especuló que la derogación de la ley no cambiará mayormente la forma de manejar el tema que utilizó el gobierno de Tabaré Vázquez.

"La aplicación del artículo cuarto, tal cual se viene interpretando hace cinco años, va a ser igual con Mujica. No ha quedado nadie amparado. En el único caso que no sucedió así fue en el caso de Nibia Sabalsagaray, lo que provocó que la fiscal Mirtha Guianze presentara un recurso ante la Suprema Corte de Justicia", indicó.

Sin embargo, los legisladores del Frente Amplio impulsores de la anulación no apoyarían la idea del diputado Cardozo.

Desde Buenos Aires el senador Rafael Michelini, uno de los principales activistas en materia de derechos humanos, reiteró su voluntad de anular la ley de Caducidad. Subrayó que hay una diferencia técnica entre derogar y anular una norma.

Los abogados de las organizaciones de derechos humanos que promovieron la papeleta rosada en de plebiscito de octubre sostienen que si se deroga la ley de Caducidad, los casos que fueron comprendidos dentro de la norma bajo gobiernos anteriores no podrían reabrirse y por tanto, "los criminales seguirán sin poder ser juzgados".

En le mismo sentido se pronunció el diputado y ex sindicalista, Luis Puig, que subrayó que la declaración de anulación e inexistencia de la norma implicará la investigación de "todas las violaciones a los derechos humanos".

Puig advirtió que los promotores de la anulación van a seguir trabajando por ello y tratan de que otros sectores políticos comprendan la importancia de esta anulación.

Cardoso considera que la anulación es "un disparate" y que "la ciudadanía en octubre no ratificó la ley, sino que se negó a anularla". Dijo que es partidario de que los represores se sometan a la justicia ordinaria sin necesidad de pasar el tema por el Ejecutivo. "Que vayan a la justicia y punto", dijo. Considera que "la ley fue muy útil" y reivindicó que el Partido Nacional la votara en 1986.