Televisión digital

El cambio del sistema de televisión analógico al digital implicará una transformación impactante. En ese sentido Uruguay se encuentra en medio de un puja internacional cuyas implicancias a veces escapan al ciudadano de a pie, pero también a los gobernantes de turno. De cara a los cambios por venir es de vital importancia irse formando una idea del efecto que tendrán esos cambios, y de las decisiones que a nivel oficial se están tomando sobre el tema.

La TV digital terrestre es el nuevo paso en la evolución del sistema televisivo. Algunos lo comparan con el cambio de blanco y negro a color, pero se trata de algo mucho más profundo. A grandes rasgos, la tecnología digital permitirá que la televisión por aire se vea con la mejor calidad de imagen, transmitir contenidos en "alta definición", permitirá una mayor interactividad con los espectadores, y expandir la posibilidad de recepción a los celulares y dispositivos portátiles.

Hay en el mundo tres grandes sistemas de TV digital, que pugnan por los nuevos mercados globales; el europeo, el estadounidense y el japonés-brasileño. No es el fin de esta nota adentrarse en los áridos caminos de la tecnología para explicar cual sistema es mejor que los demás. Sin embargo, una mirada general parece indicar que el sistema japonés tiene algunas superioridades por encima de sus competidores.

En Uruguay, si bien el cambio definitivo al sistema digital, mencionado habitualmente con el apocalíptico nombre de "apagón analógico" está previsto para ocurrir en 2015, desde hace tiempo se viene trabajando en el tema. Es así que durante la administración Vázquez se formó una comisión que recomendó inclinarse por el sistema europeo. El porqué esa comisión decidió optar por el europeo cuando parecería que el sistema japonés-brasileño tiene ventajas técnicas importantes es un misterio. Lo mismo el hecho de haber tomado una decisión tan importante con tanta anticipación y sin haber coordinado con los países vecinos. Se sabe que por encima de los detalles técnicos, éstas decisiones se han tomado en todos los países teniendo en cuenta contrapartidas en materia de inversiones y ayudas tecnológicas, y es razonable pensar que eso pesó a la hora de que Uruguay optara.

Pero en estos últimos meses ha habido movimientos a nivel regional que cuestionan aun más la opción uruguaya. Brasil ha lanzado una ofensiva por todo el continente con el objetivo de impulsar la norma que desarrollaron junto a los japoneses, y han logrado convencer a dos mercados trascendentes como el chileno y el argentino de adoptar su sistema, pese a que en un principio se habían inclinado por el estadounidense. Así, hoy en Sudamérica el mapa se encuentra dividido entre estos tres países, más Venezuela que ya han optado por el sistema japonés, Bolivia, Ecuador y Paraguay que si bien aún no han tomado decisión formal parecen ir en la misma dirección, y Uruguay y Colombia que se jugaron por el europeo.

Días atrás se informó que como parte de esa "ofensiva", el Ministro de Telecomunicaciones del país norteño, Helios Costa, se reunió con autoridades nacionales para plantear una serie de inversiones y líneas de financiamiento que rondarían los 50 millones de dólares a cambio de que Uruguay reviera su decisión y adoptara el sistema que impulsa Brasilia. Es bueno recordar que en el decreto emitido por la administración Vázquez donde se sugiere la adopción del sistema europeo, se informa que el acuerdo implica una contrapartida en apoyo económico que no llega al millón de euros. Este panorama ha puesto a Uruguay en una encrucijada. El nuestro es un país que tiene una tradición de cumplir sus acuerdos, y es lógico pensar que haya aspectos de la decisión originaria que no son de dominio público. Pero también es evidente que un país pequeño como Uruguay tiene poco que ganar en "cortarse" solo en un tema tan trascendente, para ir en contra de lo que van a aplicar sus vecinos. Sobre todo cuando según los técnicos en la materia, esa es además la opción más favorable.

Por lo pronto sería bueno que una determinación tan trascendente implicara una discusión pública más abierta, sin preconceptos, y tomando en cuenta qué es lo más conveniente para el país a largo plazo.