ALEJANDRO NOGUEIRA
La vuelta de página que propuso el presidente Mujica a los militares en Durazno se impone en algún momento de la historia del país. Si hasta ahora no ha sido posible es porque las heridas son profundas y los abordajes del problema desde 1985 fueron siempre parciales, limitados por el contexto histórico y la correlación de fuerzas. Mujica da un paso más, que se suma a las leyes de amnistía y de caducidad de Sanguinetti, a la Comisión para la Paz de Batlle, a la política de Tabaré Vázquez, frustrada en la búsqueda de información sobre los desaparecidos, y de aplicación laxa de la ley de Caducidad, lo que llevó a varios militares a prisión.
Mujica convoca a la "unidad nacional", pero hasta ahora no ha formulado una política concreta. Si esta convocatoria es importante, los "cómo" no lo son menos. Este es otro "cómo" que le falta a un presidente aluvial en anuncios y propósitos, algunas de las cuales, pese a los ampulosos arrestos iniciales, quedan postergados bajo el peso de la realidad. Por ejemplo, el plan de emergencia de vivienda que iba a construir cientos de casas a los 15 días de instalado el gobierno y que, con suerte, terminará con soluciones "para cuatro o cinco grupos de 50 familias" entre junio y diciembre, según aclaró la ministra de Vivienda. O sea, como máximo, 45 casas por mes, movilizando voluntarios, ONG, presos y militares.
El presidente propone "alta política" para las heridas de la "guerra" y considera los hechos que se desarrollaron entre 1972 y 1985 como una contienda bélica. Pero esa "guerra" fue muchísimo más breve, entre las FF.AA. y el MLN-T. Después vino una dictadura cívico-militar que conculcó los derechos de todos los uruguayos, atacó a todos los partidos; que terrorismo de Estado mediante, metió presos a miles de ciudadanos y "desapareció" a otros en Uruguay y Argentina, obligó al exilio a otros miles. Una porción menor de los damnificados fueron los tupamaros de aquella "guerra" que hoy gobiernan.
Las señales políticas del presidente, empero, tienen gran valor en esta prolongada historia aún sin final. Es verdad que la inmensa mayoría de los uruguayos que eligieron la carrera militar no deben cargar el fardo del pasado. Es verdad que soldados y oficiales están rezagados salarialmente. También es verdad que muchos militares hoy retirados no han pagado por lo que hicieron y que hay, incluso, algunos en actividad que tampoco, y están bajo riesgo de prisión. ¿Qué, en concreto, va a hacer Mujica en estos casos? ¿Cómo va a proceder si se presentan nuevos casos para excluir de la ley de caducidad? ¿Qué va a hacer con esa norma que impugna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Va o no a mandar a prisión domiciliaria a los militares ancianos presos? ¿Va a promover una ley en este sentido, porque esta posibilidad ya existe en manos de los jueces, pero no del Poder Ejecutivo? ¿Va a mantener las mezquinas reparaciones para las víctimas del terrorismo de Estado? Son los cómo los que acortan la distancia del dicho al hecho, los que definirán su política para la superación del pasado.
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