Argentina: fallo a favor del gobierno

BUENOS AIRES | Mientras los Diputados discutían en su Cámara los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por los cuales el Ejecutivo dispuso el pago de la deuda argentina con reservas del Banco Central, la Justicia falló en contra de la composición de la Comisión Bicameral del Legislativo que estudia el asunto.

A pedido del legislador kirchnerista Miguel Ángel Pichetto, el juez Enrique Lavié Pico suspendió la resolución donde el Poder Legislativo establecía que la composición de la comisión que debe tratar los DNU estaría integrada, a partes iguales, por oficialistas y opositores.

Con el fallo de ayer, el cuerpo volvería a su composición anterior y tendría mayoría de miembros kirchneristas, lo que, indirectamente, dejaría sin efecto el rechazo al DNU que esa comisión aprobó la semana pasada. La noticia llegó al Parlamento cuando los diputados debatían ese mismo asunto y los forzó a pasar a un cuarto intermedio.

La medida cautelar fue presentada el viernes pasado por el jefe de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, la senadora Beatriz Rojkes de Alperovich y por otros dos legisladores. La causa recayó en el juzgado federal a cargo del juez Ernesto Marinelli.

El kirchnerismo recusó a Marinelli y la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió hacer lugar a la apelación de Pichetto, al tiempo que le ordenó al juez Lavié Pico que "se pronuncie en forma inmediata sobre la medida cautelar requerida".

El oficialismo en la Cámara Baja festejó por anticipado la decisión judicial. Mientras, los líderes de la oposición mantuvieron reuniones privadas para evaluar el camino a seguir, aunque pretendían insistir con la derogación de los DNU.

Más temprano, la oposición había festejado: había logrado que el dictamen que dispone el rechazo y la nulidad de los decretos se trataran y eventualmente fueran aprobados por mayoría.

Llevar este tema a Diputados era especialmente importante para los opositores, que temían que el paso del tiempo hiciera cada vez más cercana la posibilidad de que el oficialismo usara alguna artimaña para evitar la abolición de los decretos de la presidenta. LA NACIÓN / GDA