El gobierno modificará la Ley de Terminal para atraer inversores

ANDRÉS 0YHENARD

Ante el frustrado desenlace de la subasta de la segunda terminal de contenedores ayer, el gobierno revisará las condiciones del proyecto para hacer más atractivo el negocio para los inversores en el futuro.

Ni la esperanza que tenía el gobierno y la insistencia del director de subastas de la Bolsa de Valores de Montevideo fueron suficientes para que el llamado por la concesión de la segunda terminal de contenedores fuera adjudicado, ya que ningún interesado ofertó por la base mínima de US$ 1,2 millones.

El clima en la Bolsa en los minutos previos al remate era por demás tranquilo y eso se reflejó cuando el rematador bajó el martillo a las 10:10 ante la ausencia de oferentes.

Ayer, en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, a nivel de gobierno varios funcionarios en confianza coincidían en que el resultado de la subasta se debió a una mala Ley.

Algunos comentaron que el debate entre los que apoyan la construcción de una segunda terminal y los que no fue lo que derivó en un proyecto que tiene varios problemas. Entre ellos se mencionó el hecho de que a medida que se invertía más la empresa debía pagar un mayor canon, lo que desestimulaba a presentarse (ver nota aparte).

El mismo ministro de Transporte, Enrique Pintado, admitió a El País que "ese es uno de los problemas" pero que "habrá que analizar el resto de las variables para ver bien".

"El objetivo es hacerla. Sea por esta vía u otra, con modificaciones o sin modificaciones, lo que está claro es que vamos a hacer (la segunda terminal), sin duda", dijo el vicepresidente Danilo Astori a El País.

Para Pintado el gobierno tiene un plazo "razonable" para que el país se prepare para captar el crecimiento portuario de los próximos años. No obstante, anunció que prefiere "la mejor solución en el menor tiempo".

En diálogo con la prensa el ministro de Transporte anunció que se va a crear un grupo de trabajo con integrantes de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y Economía para analizar las causas de porqué los operadores interesados en la construcción no se presentaron al llamado.

"Yo creo que esta segunda terminal en los temas que estaba planteada en contenidos es lo que se tiene que mantener. Las perspectivas de crecimiento de movilidad de carga en los puertos de Uruguay es cada vez más grande y nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que empezar a hacerla ahora para enfrentar los movimientos de mercado y para seguir desarrollando la idea de puerto de distribución", indicó Pintado.

Balance. "Acá tenemos que asumir que tuvimos un fracaso. No logramos convencer al mercado de que era un proyecto atractivo en este momento. Tal vez le erramos en el momento y ahora será el gobierno y las nuevas autoridades de la ANP las que decidirán", admitió ayer a El País minutos más tarde del fallido remate el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Santiago Sotuyo.

"Hay que tener la humildad de reconocer que uno se pudo haber equivocado en muchas cosas y revisar todo de la A a la Z y replantear el proyecto. Lamentablemente sabemos que reformular el proyecto no será cuestión de dos o tres meses", asumió.

Juan Olascoaga, gerente general de Montecon, dijo que "el mercado habló en forma concluyente. Pero no hay que cuestionar la necesidad de tener una segunda terminal de contenedores porque sigue siendo imprescindible para el país y en la cual hay muchos interesados" como su empresa.

Sostuvo que su compañía está "a disposición" del gobierno para trabajar "en conjunto" y encontrar los caminos que hagan viable la segunda terminal.

En tanto, el presidente de la ANP, Gastón Silberman, dijo que el gobierno impulsó este proyecto "previendo el incremento del movimiento de contenedores en el futuro para no quedarse atrás".

El plazo máximo por ley es hasta 1º de junio. Pero Silberman explicó que " ya no dan los tiempos para hacer modificaciones antes de esa fecha para hacer un nuevo llamado para un terminal especializada de contenedores".

El presidente de la ANP, indicó que el conflicto con la concesionaria de la actual terminal Katoen Natie, "pudo haber incidido", pero aclaró que esa pregunta habría que planteársela a los interesados que no se presentaron a la subasta.

Los cambios a la ley que reclaman los operadores privados

La primera objeción que los privados hacen a las condiciones de la subasta es la diferencia de canon variable que tendría la segunda terminal en comparación con las tarifas que tiene TCP. Como mínimo la normativa fija un canon de US$ 12 por teus -contenedor de 20 pies- y US$ 24 para un contenedor común. Esto el doble del precio que tiene fijado hoy el Ejecutivo para la concesión de TCP. Pero esa diferencia es suponiendo que el adjudicatario se quede con la segunda terminal con el precio base de US$ 1,2 millones. Si esta cifra se incrementa el canon a pagar por cada contenedor movilizado se eleva más y la diferencia respecto a TCP es aún mayor, lo que hace cada menos atractivo el negocio.

También hay una cláusula que obliga a terminar las obras a los siete años de iniciada la concesión, independientemente del volumen de movimiento de contenedores que tenga asegurado el operador en ese período.

Hay un alta probabilidad de que el adjudicatario pueda perder la concesión si durante tres años no cumple los mínimos de movimientos exigidos en el reglamento. Eso puedo ocurrir incluso si la empresa paga al Estado por los mínimos pero no puede obtener un crecimiento de la actividad del orden del 10% anual. Esta condicionante, a su vez, para los empresarios significa una dificultad para acceder a líneas de financiamiento por parte de instituciones crediticias ya que existe un riesgo de que el operador se quede sin la concesión y no pueda cumplir con el repago del préstamo.

La localización de la segunda terminal es otro escollo que algunas empresas ven como un impedimento para hacer atractivo el negocio. Una sugerencia que realizaron los interesados al gobierno anterior cuando se discutió el proyecto fue la posibilidad de ubicar la terminal en otro lugar de la bahía para que demandara una inversión más baja. Con la localización actual la inversión del proyecto ronda los US$ 300 millones. Para los privados esta cifra es muy elevada si se tiene en cuenta el retorno de la misma. Por eso se cree oportuno encontrar un área en el puerto que posibilite un menor dragado y volumen de relleno que son las dos variables que más inciden en la estructura de costos.

Opinión de los actores

Santiago Sotuyo

Vicepresidente de la ANP

"Uruguay con este traspié tiene una nueva demora de, por los menos, un año en tener una segunda terminal que le permita capturar más carga para crecer como región logística".

Enrique Pintado

MINISTRO DE transporte

"Dimos cumplimiento a la ley, creemos íntegramente indispensable y necesaria la construcción de una segunda terminal. La fecha elegida fue correcta porque no hubieran variado las condiciones".

Juan Olascoaga

Gerente general de Montecon

"Hoy (por ayer) se vio que el proyecto de la subasta y su modelo de negocios merecen revisarse para que sea viable e interesante para los inversores en el futuro".