SANTIAGO | La Fiscalía chilena investigará lo ocurrido en los servicios de información de emergencias y catástrofes, que fallaron en alertar a la población por el tsunami que se produjo tras el sismo del pasado 27 de febrero.
Así lo informó ayer el fiscal nacional Sabas Chahuán en declaraciones a la radio chilena ADN, en un nuevo episodio de una polémica instalada desde el día de la tragedia, y que ya provocó la salida del director del Servicio Oceanográfico de la Armada (SHOA), Edmundo González, y de la directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de Chile, Carmen Fernández.
"Que no se hayan dado las alertas de la manera en que estaba estipulado merece ser investigado. Puede que no haya responsabilidad penal, un delito; sí tal vez una negligencia que sólo por excepción es punible", dijo.
"Estoy considerando abrir una investigación de oficio, aunque eventualmente no haya responsabilidad", agregó el fiscal. Tanto en el SHOA como en la Onemi hubo aceptación de responsabilidades por haber descartado rápidamente una alerta de tsunami, lo que hubiera podido salvar vidas. La alerta se dio originalmente poco después del sismo de magnitud 8,8 pero una hora más tarde fue descartada.
Fernández renunció a su cargo, la semana pasada, tras reconocer errores en la reacción frente al sismo y al tsunami que azotaron a este país. La ex directora de la Onemi reconoció que el organismo se vio sobrepasado por la doble catástrofe.
IMPRECISIÓN. Poco antes de su salida, el entonces jefe del SHOA, Edmundo González, dijo que la presidenta Michelle Bachelet "llamó al SHOA como a las 05H15 locales (casi dos horas después del terremoto), para ver si mantenía la alerta que habíamos dado hacía aproximadamente una hora y diez minutos atrás". "Fuimos poco claros en la información que le entregamos, no fuimos lo suficientemente precisos para decir a la presidenta se mantiene o se cancela. Hubo titubeo por parte nuestra", dijo.
La catástrofe dejó unos 800 muertos o desaparecidos y 2 millones de damnificados. También causó daños en 1,5 millón de viviendas e infraestructura vial, pérdidas estimadas en 30.000 millones de dólares, según un cálculo del presidente de Chile, Sebastián Piñera. AFP
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