ANDRÉS LÓPEZ REILLY
El director de Tránsito de la Intendencia afirmó ayer que continuarán las intimaciones, pese a que la administración reconoce que se expone a una avalancha de juicios en caso que la Corte declare inconstitucional la ley de empadronamientos.
Gerardo Urse anunció ante la Junta Departamental que la fiscalización de vehículos con chapas del interior seguirá adelante pese a los informes jurídicos adversos, en tanto se aguarda el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que podría declarar inconstitucional la ley de empadronamientos.
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por las intendencias de Colonia y San José. Y según fuentes judiciales consultadas por El País, el fallo de la Corte podría conocerse "hacia mediados de año"
Urse concurrió a la Junta acompañado por el director de la División Jurídica de la Intendencia, Diego Silva, quien admitió que "se corren riesgos" con la fiscalización que vienen haciendo los inspectores ante un fallo adverso de la SCJ: aquellos que están siendo intimados a reempadronar en Montevideo podrían iniciar demandas por la vía civil contra la administración. Incluso hay quienes piensan, en el propio equipo económico de la Intendencia, que el máximo órgano de la Justicia se pronunciará a favor del recurso promovido por Colonia y San José.
CONTRAPARTE. El Congreso de Intendentes se reunió ayer en Soriano y confirmó que va a presentar en los próximos días ante la SCJ un documento que rebate el planteo de Colonia y Flores, respaldado por conocidos juristas. El presidente del Congreso, Ambrosio Barreiro (Cerro Largo), aseguró que "la ley no afecta las autonomías" y recordó que en caso que la SCJ pronuncie la inconstitucionalidad, la resolución regirá únicamente para Colonia y San José.
Por otra parte, el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, consideró que el recurso promovido por Colonia, que también planteó una lesión de la autonomía municipal, "no fue interpuesto del modo correcto".
La Fiscalía de Corte solo se expidió sobre "defectos formales" del recurso, admitiendo que "es un tema muy opinable, y que hay doctrina y jurisprudencia que opina diferente".
"DELINCUENTES". Urse fue convocado a la Junta Departamental por el edil nacionalista Daniel Graffigna, quien le presentó un informe del abogado Daniel Hugo Martins contrario a la fiscalización. No obstante, tanto Urse como Silva consideraron que la ley los ampara para seguir adelante con la fiscalización.
Una de las objeciones que hace Graffigna es lo que en Derecho se conoce como inversión de la carga de la prueba: "para la Intendencia todos somos delincuentes y cada uno tiene que ir a demostrar su inocencia", opinó. "La Intendencia es la que tiene que demostrar que alguien está mal empadronado", precisó el edil, quien entiende que la patente en Montevideo "es un robo a mano armada". (Producción: Pablo Meléndrez y Humberto Ramírez).
US$ 80 millones
Es lo que recauda anualmente la Intendencia de Montevideo por concepto de Patente de Rodados, aunque todo parece indicar que el cierre de 2010 arrojará guarismos muy superiores. La patente es la fuente de ingresos más importante de la Intendencia junto a la Contribución Inmobiliaria. La recaudación global anual de la comuna capitalina ronda los US$ 330 millones.
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