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Más de tres lustros transcurrieron desde que el entonces senador Danilo Astori defendiera a capa y espada la necesidad de asegurarle a la educación pública fondos equivalentes al 4,5% del PBI. En 1994, Astori adhirió a la peregrina idea de reformar la Constitución para insertarle una cláusula en donde se fijara ese porcentaje mínimo para la enseñanza. Fue así que en forma conjunta con las elecciones de aquel año se realizó un plebiscito para aprobar la reforma.
Gobernaba entonces el Partido Nacional cuyos integrantes enfrentaron una dura campaña del Frente Amplio que no escatimó adjetivos contra los nacionalistas tildados de enemigos de la educación pública y, faltaba más, de neoliberales. Astori, uno de los adalides de esa campaña, defendió públicamente el famoso 4,5% obligatorio e incluso sostuvo debates en televisión con figuras del gobierno de la época.
A Astori y a los suyos se les advirtió sobre la inconveniencia de insertar porcentajes en la Constitución así como sobre los riesgos de depender de un porcentaje del PBI, algo que podía ser positivo o negativo para la educación según los vaivenes de la economía.
Pero ningún argumento fue aceptado por quienes se presentaron ante la opinión pública como defensores de la educación. El resultado del plebiscito fue elocuente: apenas un tercio de los uruguayos apoyaron la iniciativa del 4,5% y la Constitución no fue reformada.
Pasó el tiempo hasta llegar a estos días en que los gremios de la enseñanza reclaman un 6% del PBI para la educación. Y ahora es Astori quien sale a la prensa a oponerse y a decir que "es muy peligroso establecer metas como porcentajes del PBI". Por fin, entendió. Más vale tarde que nunca.








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