Crueles y evitables

GERARDO SOTELO

La puja entre el Frente Amplio y el Partido Nacional por la muerte en prisión de Zapata Tamayo en una cárcel cubana vuelve a poner sobre el tapete la doble moral con la que se miden las violaciones a los derechos humanos cuando median fines políticos. Reconocido por Amnistía Internacional como un prisionero de conciencia (encarcelado por sus convicciones políticas) Zapata Tamayo era un activista de la oposición democrática cubana que purgaba una larga e injusta condena desde hace siete años.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece ya en su preámbulo que "una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia" para el "respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales". Si aceptamos que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", como establece su Artículo 1°, la suerte de Zapata Tamayo no es diferente a la que padecieron miles de uruguayos durante la dictadura y debería alcanzar para justificar una condena.

Pero la Declaración dice también que "toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados" y que "no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona". Como se ve, la apelación a la autodeterminación de los pueblos y a las singulares condiciones políticas y sociales de los cubanos para justificar los crímenes de sus gobernantes, es una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Quizás por desconocimiento, el presidente Mujica eludió tales principios y apeló a una tesis clasista para fustigar al "mundo rico" por imponer a los demás países conductas que no practica. Mujica respondía así a la condena al Estado cubano hecha por la Unión Europea, que preside el socialista Rodríguez Zapatero, por la muerte de Zapata, la que calificó de "cruel" y "evitable".

El senador Alberto Couriel eligió otro antiguo atajo: reprochó a su colega Luis A. Lacalle que se preocupe por el caso cubano y no por otras violaciones a los derechos humanos, como las cometidas por Estados Unidos en su base de Guantánamo. En esa prisión al cuadrado (Guantánamo está en territorio cubano) miles de prisioneros han esperado "sine die", que algún burócrata estadounidense resolviera sobre su destino, al margen de toda garantía legal, mientras eran sometidos a abusos de todo tipo. El razonamiento de Couriel se basa en la presunción de que algunos dirigentes políticos utilizan el dolor ajeno para acarrear voluntades y hostigar a sus adversarios, un argumento válido pero volvedor como un bumerán, puesto que el acusador no condenó la crueldad de quienes terminaron con la vida de un prisionero de conciencia.

Los gobernantes y los líderes políticos y sindicales deberían alzar su voz en toda circunstancia en la que se viola los derechos de quienes luchan por la libertad. Sobre todo si lo hacen a riesgo de sus propia vidas, en lugar de mandar a la muerte a sus compatriotas. Si no son capaces de solidarizarse con las víctimas y sus familiares por miedo a las represalias políticas, deberían al menos guardar silencio en señal de respeto.