Renovar autoridades

Dentro de escasos cincuenta y cinco días, los ciudadanos deberán comparecer para renovar las autoridades departamentales, tanto en Montevideo como en los demás departamentos. Frente al oficialismo que busca extender su poder en todo el país, se alza el Partido Nacional, en condiciones de pelear palmo a palmo la titularidad de las Intendencias Municipales, de las Juntas Departamentales y, ahora también, de las novedosas Alcaldías. Se trata de un gran desafío de cambio en aquellos casos que deberán sustituir a titulares actuales del Frente Amplio y un merecido reconocimiento donde ya se da por descontado que serán reelectos los titulares presentados por el Partido Nacional. Esa conclusión se desprende de una simple lectura de los números de campo y emana como resultado del respaldo que ha despertado el programa de trabajo presentado por la colectividad, recogiendo los reclamos formulados por la ciudadanía.

Comenzando por Montevideo, donde son más notorias las deficiencias y más indiscutibles los reclamos. El Frente Amplio no ha podido disimular el fracaso de su continuismo caracterizado por lo que ha sido su política fiscal y su labor colectiva, desarrollada de espaldas a los habitantes. Con un deficiente servicio de iluminación callejera, una pobre cobertura de las tareas de limpieza y un desastroso servicio de atención en necrópolis, que ha rozado los límites de la delincuencia. Paralelamente, los carros hurgadores de basura se desplegaron por toda la ciudad, imponiendo los niveles de carencia de higiene, que unidos a las veredas rotas, los restos dejados por los perros sin que nadie se ocupe de vigilar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes sobre retiro, la falta de podas de árboles y el mal estado de parques y jardines, terminaron convirtiendo a la capital en una ciudad de criticable circulación pública y pobres niveles de aceptación. Además, casi todos los parámetros de comparación con otros países entre los servicios que se recaudan y el monto que el titular debe prestar por ellos, desde patentes de automóviles hasta contribuciones inmobiliarias, son notoriamente abusivos.

El fenómeno se repite en otros departamentos y corresponde a cada ciudadano hacer una estimación de las diferentes realidades para evaluar la actitud a asumir, reclamando que el dinero que se les saca por concepto de impuestos sea aplicado a la atención de las necesidades colectivas y no para servir a una burocracia en muchos casos ociosa que no da satisfacción a las necesidades de la comunidad.

Esta es la oportunidad en que la comunidad debe reclamar el papel que deben cumplir las autoridades en la atención de esas necesidades y la cercanía de las mismas no puede ser ignorada cuando llega el momento de votar.

La obligación de votar debe tener entonces otro contenido que el meramente automático, analizado desde el punto de vista constitucional, volcándose, en el caso de las elecciones departamentales, en un reconocimiento o un rechazo de las gestiones cumplidas en el pasado inmediato y un reclamo de cómo deben cumplirse en el futuro. Se impone por lo tanto una estimación concreta y por materia en cada departamento a fin de que el votante no reciba más de lo mismo sino lo que necesita, en un diálogo ciudadano de provechosos resultados para ambas partes y no para solo una de ellas. La madurez cívica se manifiesta por lo tanto a través del progreso y el mejoramiento de ese diálogo en el que cada protagonista reciba y entregue lo que institucionalmente le corresponde, por lo que se impone que el votante desempeñe su papel desde esa perspectiva y con esa decisión de carácter. En el devenir de una tercera década, los votantes no están pues de paso, sino que deben imponer su presencia y su gravitación a través del voto, en el entendido de que su papel es insustituible y el valor de su función no puede ser omitido.

El transcurso del tiempo ha transformado así su protagonismo en irremplazable, jerarquizando la función que les corresponde desempeñar.