JUAN ORIBE STEMMER
La huelga de hambre es una forma de protesta no violenta que apela a la conciencia de los gobernantes y de la sociedad. Quien emprende ese camino lo hace contrariando sus necesidades básicas y desafiando el principal instinto de todo ser humano: el de supervivencia. Por ello merece respeto.
En esencia, es un instrumento para obtener determinados resultados. El presidente Lula opinó que una huelga de hambre no puede ser utilizada como un pretexto de derechos humanos para liberar personas y agregó: "imagine si todos los bandidos que están presos en Sao Paulo entraran en guerra de hambre y pidieran su libertad".
Cierto. Pero las circunstancias del caso de Zapata, la gravedad de su decisión (la huelga de hambre duró 85 días) y su consecuencia fatal, por lo menos deberían llevarnos a averiguar la causa de su protesta.
El fallecido era uno de los 55 prisioneros de conciencia adoptados en Cuba por Amnistía Internacional. Esta organización informa que en Cuba, "sin un Poder Judicial independiente, los juicios son a menudo sumarios e incumplen gravemente las normas internacionales sobre juicios justos; una vez dictada la sentencia, las posibilidades de apelar son prácticamente nulas". Zapata Tamayo fue condenado a tres años de prisión por "desacato", "desórdenes públicos" y "resistencia". Una vez en la cárcel fue sometido a otros juicios por acusaciones adicionales de "desobediencia" y "desórdenes en establecimientos penitenciarios". Al momento de morir cumplía una condena de 36 años en prisión.
No se trata, entonces, de un "bandido preso en Sao Paulo", sino de un prisionero de conciencia encarcelado por sus ideas y luego condenado varias veces más por su rebeldía. Lo acontecido fue una flagrante violación de los derechos humanos.
Además, el presidente brasileño sostuvo que se deben "respetar la determinación de la Justicia y del Gobierno cubanos de detener personas según la legislación de Cuba".
Pero, ¿hasta qué punto puede un Estado que comete violaciones de los derechos humanos ampararse legítimamente en los principios de autodeterminación y de no intervención para evitar la condena internacional por sus atropellos?
Para algo están los acuerdos internacionales, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También están los precedentes. El Brasil interfirió en los asuntos internos de Honduras para defender al ex presidente Zelaya. Parecería entonces que, para algunos, el principio de no intervención se aplica en ciertos casos y en otros no, y que los derechos humanos de unos merecen más protección que los de otros. Todo según las conveniencias políticas o ideológicas. Y eso está mal.
Lejos de tantas ambigüedades latinoamericanas, el Parlamento Europeo, por 509 votos a favor, 30 en contra y 14 abstenciones, condenó enérgicamente la muerte "evitable y cruel" de Orlando Zapata y exigió al Gobierno cubano la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros políticos y de conciencia.
Derechos humanos para todos y con todos.
"La muerte de Orlando Zapata es un fracaso del compromiso con los derechos humanos".
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