El doble discurso

Sergio Abreu

Una de las tentaciones más profundas del espíritu humano es el imponer a los demás su propia verdad. Es así que entre la convicción legítima y la soberbia existe un trazo muy corto.

La arrogancia ideológica que inundó el siglo XX tiene todavía proyecciones intocadas, particularmente, cuando encuentra caminos insidiosos para penetrar en las costumbres a través de un doble discurso sobre la vocación democrática y el concepto de libertad.

Los Derechos Humanos en su plenitud deben ser respetados por todos los Estados (en especial los latinoamericanos) de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos abierto a la firma desde el 16 de diciembre de 1966.

Ambos Tratados, en sus diversos artículos protegen y tutelan aquellos derechos que se refieren a la libertad de expresión y opinión, a la necesidad de un juicio justo, y a un trato humano hacia los que sufren la prisión.

Cuando estos Derechos Humanos se vulneran, ningún Estado puede exonerarse de su responsabilidad; fundamentalmente cuando en un régimen democrático, la persecución del disidente y la existencia de presos políticos, son expresiones innegables de autoritarismo y de ruptura de los valores de la libertad y la tolerancia en una sociedad.

En estos días, la situación en Cuba está en el centro de la discusión internacional, y mientras algunos Estados tratan de romper un cómplice y espeso silencio frente a la actitud de los liberticidas, algunos otros, acallan su voz por conveniencia aún en la discrepancia, y otros tantos, deambulan entre ambigüedades y contradicciones para evitar un pronunciamiento ético que pueda comprometer sus intereses políticos puntuales.

Cuba tiene todo el derecho a ser socialista, a impulsar un régimen económico planificador y estatista, a discrepar con una visión liberal de la economía, y sobre todo, a rechazar y combatir en todos los escenarios posibles, el embargo decretado por los Estados Unidos, por ser violatorio del Derecho Internacional.

Pero no puede interpretar a su antojo el alcance de los Derechos Humanos, y menos aún, limitar su vigencia en función de una concepción política, que bajo el nombre de "Democracia Social" excluye la libertad de expresión, la libre opinión de las minorías y el derecho de sus habitantes a entrar y salir de su territorio sin obstáculo alguno.

Porque no se trata de ser solidario o no con un país, ni de entender sus especiales dificultades hasta por su peculiar ubicación geográfica, ni de compartir sus objetivos para lograr una mayor justicia social.

Se trata simplemente de ser coherente con la defensa de los Derechos Humanos en su integralidad.

En otras palabras, si su respeto debe ser privilegiado, el Estado que los viola tendrá que ser condenado sin perjuicio de las afinidades y coincidencias que pueda despertar en otros terrenos.

América Latina necesita urgentemente un liderazgo que la ayude a superar sus dificultades sociales, su retraso tecnológico, y hasta la brecha de su estructura productiva en relación con el mundo desarrollado.

Y en este contexto, el Brasil es un punto de referencia obligado por lo que significa económica y políticamente en la región, y fundamentalmente, porque sus decisiones se relacionan con su vocación de ser un actor principal en el nuevo escenario global.

Pero para ejercer ese rol, no puede sumirse en el doble discurso, representado, por un lado, por su adhesión militante a la democracia hondureña, que compartimos, y por el otro, por una actitud cómplice, prescindente y hasta cínica, respecto de lo que viene sucediendo en la hermana isla caribeña.

El gobierno brasileño, a través de sus máximas autoridades, ha utilizado infelices expresiones para disimular su falta de definición en la defensa de los Derechos Humanos en Cuba, y que responde al temor a decir la verdad y a exponerse a la reacción de algunos de sus socios transitorios de su proyecto estratégico.

El perseguir la igualdad no puede justificar la limitación de las libertades fundamentales.

Los autoritarismos totalitarios de cualquier signo, en su rigidez ideológica, no tienen otra opción que ser sanguinarios con los disidentes y convictos de un determinismo histórico.

Este conformismo esterilizante que se practica en América Latina al amparo de la ambigüedad de muchos gobiernos, incluido el nuestro, nos llama a la rebeldía.

Que no significa un sentimiento negativo hacia países hermanos de la región, pero que hasta por la propia integridad ética de nuestras convicciones democráticas, estamos obligados a denunciar.

Porque lo prioritario para la Comunidad Internacional es defender a toda persona que sufre de discriminación, maltrato, violencia y desprecio en el goce de sus derechos fundamentales, sin importar qué Estado o qué individuos son los violadores.