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Rodolfo Sienra Roosen
El país tiene dos observaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Una, es el drama carcelario, del cual el anterior Presidente se enteró cuando un experto extranjero vió la triste realidad de los presos enjaulados como animales, y entonces llamó a buscar soluciones, pero para su gobierno ya era tarde. Este es un ícono de la gran pantalla del tema de la seguridad, al cual hay que echarle mano en serio de una vez por todas.
La otra observación es por la Ley de Caducidad. Esto, se soluciona muy fácilmente si se deroga la ley. Proponemos la derogación, no la "anulación", esa ficción ridícula de "hacer como" si el país se hubiera escindido del planeta durante el tiempo de vigencia de la ley, a lo que el pueblo se opuso. La Ley de Caducidad, ratificada por la ciudadanía dos veces, ya cumplió y con creces con el objetivo de pacificación nacional que la inspiró. Deben quedar muy pocos -si queda alguno- que busque ampararse en ella. Además, si bien en un fallo de hace muchos años la Suprema Corte de Justicia afirmó su constitucionalidad, ahora, con otra integración la Corte, cambió el criterio, por lo cual si alquien pretendiera invocarla en su favor, el juez o el fiscal que actúe podrán acudir a nuestra máxima autoridad judicial, y evitar su aplicación en el caso concreto. A lo que debe agregarse que la ratificación posterior de Tratados internacionales por el país, puede entenderse como una derogación tácita.
No inventamos nada. El diputado nacionalista Cardoso ya presentó un proyecto de ley en el sentido que proponemos al fin de la legislatura pasada, pero ahora, antes que sea electo Intendente de Rocha, tiene tiempo de reiterarlo. Según las mentas, algún legislador oficialista andaría en lo mismo. Adelante entonces. Esta es la manera técnicamente adecuada de terminar con la tentación de usar la ley como un palenque adonde van a rascarse los que quieren sacar réditos políticos menores. Cuando la ley fue sancionada, el mundo en general aplaudió aquella solución denominada con admiración "a la uruguaya", como forma de terminar con el conflicto que creó el Frente Amplio, que concedió la impunidad militar en el Club Naval como precio de su legitimación política, para después darse vuelta como una tortilla y borrar con el codo lo que no escribió con la mano porque sabía que si lo proponía, la dictadura militar continuaba. No hablar, cuando se puede y se debe, es consentir. Ese juego sucio lo conoce cualquiera que conozca la historia y la interprete de buena fe. Que no somos muchos los que reunimos las dos condiciones, es verdad. Pero lo que pasó, pasó, y no vengan ahora a hacerse los principistas.
Entonces, para dar vuelta de una vez la página de una historia que ahora sí no se justifica enquistarse en ella para seguir mortificando al país con el cuello torcido y la vista fijada en el pasado, terminémosla de una vez, y de paso, nos sacamos de encima una reprimenda internacional que molesta.










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