Todo un caos

A sesenta días de las elecciones departamentales, teníamos una ley sobre municipios y alcaldías sacada a tambor batiente por el Parlamento anterior, para contemplar un capricho del Presidente saliente. Objetada desde todos los ángulos, cuando era evidente que los comicios al amparo de esa ley habrían de generar confusiones de toda índole, un acuerdo entre todos los partidos vino generar otra ley que tiene la pretensión de clarificar las cosas. No creemos que haya sido mejor la enmienda que el soneto.

Era flagrante la inconstitucionalidad de la primera ley al ignorar la exigencia de la mayoría especial de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, requerida por el numeral 7 del artículo 77 de la Carta. El acuerdo político, bajo el supuesto de reunir esa mayoría, salvaría esta objeción. Pero la nueva ley sigue siendo inconstitucional, por invadir la autonomía departamental, desde que afecta al gobierno y Administración de los Departamentos (art. 292 ).

Se espera la interposición de más de una cuestión de inconstitucionalidad, pero el trámite llevará su tiempo y no será bueno tener Alcaldes electos con una tacha de reproche jurídico.

Hasta hace pocas horas, a la inconstitucionalidad, e inconveniencia por inoportuna, innecesaria y confusa de esta innovación, se le agregaban una serie de dudas sobre cómo se debe proceder, que colocaban a la Corte Electoral, además de ante una desigual carrera contra el tiempo, frente a una toma de decisiones complicada en diversos aspectos. En la Corte hay mayoría de blancos y colorados y aún en la hipótesis no esperada -por la jerarquía de sus Ministros- que estos decidieran con óptica política, las divergencias que existen en los partidos políticos no se manifestaban entre oposición y gobierno.

En un primer momento, en la Comisión multipartidaria a quien se le encargó la reglamentación de la ley original, coincidían blancos y frenteamplistas en que tiene que haber un solo sobre para evitar el voto cruzado interpartidario, mientras los colorados opinaban que había que introducir dos sobres. Frente amplistas y blancos en cambio, discrepaban si se debía o no aplicar la norma que un candidato a un cargo en las pasadas primarias por un partido pudiera ser candidato ahora por otro, y mientras el Frente proponía una sola lista "plancha" con todos los candidatos a Alcalde, blancos y colorados querían una hoja distinta por municipio.

Agréguese a ello, que es notorio, que quienes votan en circuitos que no están comprendidos en su domicilio, en su mayoría no se van a cambiar ahora para votar en otro.

Teniendo presente la ley originalmente sancionada, la Corte había negado la posibilidad de introducir dos sobres -con lo cual intuímos que rechazó el voto cruzado o interpartidario para cargos de Intendente y de Alcalde- y consideró no aplicable para la candidatura al cargo de Alcalde, la prohibición a un ciudadano que se hubiera postulado para cualquier cargo partidario en las elecciones primarias del año pasado, de cambiar ahora de partido.

Habrá que ver qué sucede ahora a la luz del nuevo texto que todavía no ha trascendido en su integridad. Concretamente, qué decisiones tomará la Corte Electoral. Todo esto viene mal encarado de origen. Lo lógico, lo saludable, lo elemental, era postergar para el próximo período electoral éstas innovaciones, dando tiempo a un estudio más prolijo y detallado que este galimatías que nos tememos que ha consagrado la nueva ley. ¿Cuál es la urgencia que empuja al desespero en implantar este caos burocrático en un país que por su extensión territorial y homogeneidad demográfica ya le sobran diecinueve departamentos, como para superponerle encima ochenta y nueve alcaldías?

El voto tiene que ser un acto cristalino para el ciudadano, y es una falta de respeto para la gente, sumirla en esta confusión que no dejará de serlo por más que la Corte Electoral se afane en dar pautas lógicas, a lo que el atropellamiento condujo a imposibilitarlo.

No hay derecho.