Guardia republicana participará en operativos de saturación en interior

EDUARDO BARRENECHE

El gobierno le otorgará alcance nacional a la Guardia Republicana, grupo de choque que tendrá como cometido participar en operativos de saturación en barrios conflictivos y combatir el abigeato y el contrabando en zonas fronterizas.

Este cuerpo policial, que se rige por una disciplina militar, también tendrá como funciones realizar patrullajes en la frontera, participar en cortes de rutas y brindar apoyo a la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas en operativos contra bandas de narcotraficantes, entre otras facultades.

Una fuente policial indicó a El País que esta unidad también operará en el interior como apoyo a otras unidades que realizan operativos de saturación. En este momento, efectivos de la Guardia Republicana hacen patrullajes preventivos en el barrio Marconi de Montevideo. Además actuará como fuerza antimotín en el interior, agregó la fuente.

Durante el acto de asunción del nuevo jefe de Policía de Montevideo, Walder Ferreira, realizado en la sede de Coraceros, el ministro Bonomi dijo que la ampliación de la jurisdicción de la Guardia República es uno de los puntos de consenso alcanzado entre el gobierno y los partidos de la oposición en la Comisión Interpartidaria de Seguridad.

En el evento, que contó con la presencia del ex presidente Julio María Sanguinetti y autoridades ministeriales y policiales, Bonomi destacó que hubo coincidencias en la necesidad de duplicar el presupuesto del Ministerio del Interior en términos corrientes, la utilización de esos recursos en mejorar los salarios del personal, construir nuevas cárceles y mejorar las condiciones de vida de los policías (trabajo, vivienda y salud).

Sin embargo, Bonomi reconoció que en esa comisión hay "un matiz" entre el gobierno y la oposición sobre la importancia o no de aumentar sensiblemente el número de efectivos de la Guardia Republicana. Hasta ahora este cuerpo solo tenía jurisdicción en Montevideo. El gobierno pretende darle un alcance nacional.

Según Bonomi, el Partido Nacional entendía que, de inmediato, debían ingresar 2.000 efectivos a la Guardia Republicana usando vacantes o trasladando personal del Ministerio de Defensa. "Nosotros hemos planteado que antes de definir eso, queremos estudiar la situación de toda la Policía y ver dónde poner prioridades. Recién después decir dónde ingresar. Es cierto que hay que aumentar en algo los efectivos de la Guardia Republicana. No sabemos si la cantidad es el monto que propone el Partido Nacional", dijo.

Para definir esas prioridades, Bonomi pidió a los jefes policiales un estado de situación del delito y de la capacitad operativa de la Policía para el 1° de abril. "Como se ha generalizado la situación de delitos en varios departamentos, la Guardia Republicana tiene que actuar a nivel nacional", dijo.

RAPIDEZ. El senador blanco Carlos Moreira, integrante de la Comisión Interpartidaria de Seguridad, recordó a El País que en este momento la Guardia Republicana posee 850 efectivos. "Con estos policías, este cuerpo apenas puede atender Montevideo. Es obvio que hay que aumentarles los efectivos si se pretende que operen a nivel nacional", dijo.

Según el parlamentario, la ventaja de transferir 2.000 funcionarios del Ministerio de Defensa a la Guardia República es que se trata de personal joven, sabe manejar armas, adiestrado y disciplinado.

A juicio de Moreira, el gobierno solo debería reinstruirlos, cambiar su estatuto legal y estarían listos en cinco meses para actuar dentro de la Guardia Republicana. "Nuestra propuesta soluciona en forma rápida una demanda de seguridad y no genera más gastos al Estado", dijo.

Según el diputado Jorge Orrico, que integra la Comisión Interpartidaria en representación del gobierno, "los soldados tienen una escuela, un adiestramiento y hasta salarios distintos a los policías. La necesidad de reinstruirlos no acorta los tiempos", indicó.

CAMINO. Tras asumir como nuevo jefe de Montevideo, Walder Ferreira indicó que pretende iniciar "una serie de cambios" al frente de esa repartición. "Los funcionarios que no acompañen esos cambios, quedarán a la vera del camino. A esa minoría, que no acompaña el cambio, le pedimos que tampoco lo dificulten", dijo.

Ferreira, quien fue jefe de policial de Salto en la pasada administración, señaló que pretende adoptar una serie de medidas en la Jefatura capitalina: fortalecer la Policía Comunitaria, incentivar la creación de las mesas ciudadanas de seguridad, fortalecer la calidad de la gestión y mejorar el trabajo de las comisarías, entre otras.

Indicó que "le gustaría" que esas reparticiones fueran apetecidas por los oficiales como lugar de destino. "Pretendo que ese oficial jefe sea un referente y un embajador de la Policía frente a los vecinos", dijo.

Tras advertir a los policías que bregará ante las autoridades ministeriales por la mejora de los salarios, el jefe capitalino señaló que no aceptará "como excusa el argumento de bajo salario para no cumplir correctamente con nuestros cometidos. Al instituto policial nadie ingresa contra su voluntad".

Policías de civil en las calles

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó ayer que habrá una "mayor acción policial" en las calles y se incrementará la presencia de policías de civil en los barrios.

El jerarca gubernamental también pidió a todos los jefes de Policía que presenten el 1º de abril un informe sobre la realidad delictiva de cada departamento y el estado operativo de cada fuerza policial (personal y equipos).

Consideró que el gobierno deberá crear un cuerpo que nuclee a las direcciones nacionales que luchan contra el delito organizado (tráfico de drogas y gran contrabando). Estas reparticiones son: la Brigada Antidrogas, Inteligencia Policial y Aduanas. Bonomi dijo que pretende incrementar sustancialmente los sueldos de los policías.

Construirán 12 nuevas cárceles

El gobierno construirá 10 cárceles de media y baja seguridad y dos de elevada seguridad para alojar a narcotraficantes y a delincuentes vinculados con el crimen organizado, afirmaron a El País fuentes policiales.

Uno de los establecimientos de alta seguridad estará al costado del Penal de Libertad, mientras que el otro la Dirección de Cárceles aún no definió su ubicación, según las fuentes.

Los otros penales se distribuirán en varios departamentos del interior del país.

Con respecto a que el gobierno espera que empresarios extranjeros inviertan en cárceles, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ayer que "necesitamos ayudas para construcción y no tanto para que asesores hagan diagnósticos. Ya tenemos unos cuantos diagnósticos hechos sobre cárceles".

IMAGEN. Fuentes policiales indicaron a El País que el gobierno pretende cambiar la imagen internacional que tiene Uruguay vinculada a las malas condiciones de reclusión, dijeron las fuentes. Bonomi dijo que si las cárceles siguen siendo el lugar donde "se recicla el delito y actúan como universidad del crimen, entonces los éxitos en las detenciones y los procesamientos de quienes delinquen, se transforman en algo negativo. Se debe implementar políticas a través del estudio y el trabajo para lograr la rehabilitación de esos individuos".

El Ministerio del Interior también planea llevar adelante un programa de libertad asistida que permita que los presos puedan trabajar para "no transformarse en enemigos de sí mismos", dijo Bonomi.