Los partidos acuerdan prohibir huelga policial

EDUARDO BARRENECHE

El gobierno y la oposición acordaron ayer prohibir expresamente a los policías realizar huelgas. También hubo consenso sobre que los acusados de delitos reciban apoyo legal en las comisarías y no solo en los juzgados.

En la reunión, que se realizó en la Sala de Ministros del Senado, los delegados de ambas partes discutieron criterios básicos de una nueva Ley Orgánica Policial.

Coincidieron en que la Policía "es una fuerza de naturaleza estatal, sometida al Poder Ejecutivo, y que tiene que funcionar permanentemente. Y no puede operar en estado de asamblea".

"La huelga policial está excluida de la nueva Ley Orgánica Policial", dijo a El País el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), quien integra la Comisión Interpartidaria de Seguridad por el gobierno.

Orrico explicó que los convenios que firmó Uruguay con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), excluyen a la huelga policial porque se considera que la Policía brinda un servicio esencial a la ciudadanía. "Sin embargo, las huelgas no se autorizan o se prohíben. Se hacen", advirtió Orrico.

El senador blanco Carlos Moreira, quien integra la comisión, dijo a El País que la labor de la Policía no necesita que se declare su esencialidad como ocurre con otros trabajadores públicos. "El trabajo de la Policía es esencial en sí mismo", señaló el parlamentario.

Ayer, durante la asunción del nuevo jefe de Policía de San José, Álvaro Vergara, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi destacó el "alto grado de consenso" alcanzado en la Comisión Interpartidaria de Seguridad. Agregó que "sólo no hay acuerdo con el grado de despliegue de la futura guardia nacional". En cambio, explicó, "sí hay coincidencias sobre que las comisarías sean las unidades básicas de la Policía y que en esas dependencia tiene que estar presente la información, la prevención, la represión del delito, la proximidad con la comunidad y las relaciones públicas".

CÓDIGOS. En la Comisión Interpartidaria, los representantes del gobierno y de la oposición también dialogaron sobre la necesidad de reformar los códigos Penal y de Procedimiento Penal.

La Ley de Humanización del Sistema Carcelario, aprobada en el 2005 por el Parlamento, estableció como condiciones la realización de cambios en ambos cuerpos de leyes. Se crearon dos comisiones para estudiar esas reformas, las cuales "están muy avanzadas", dijo Orrico.

El Código Penal data de 1934. El gobierno y la oposición coincidieron en la necesidad de una reforma que actualice y uniformice esas normas. "En esos 65 años que pasaron, el Código Penal fue sometido a alteraciones parciales. A veces este ha perdido las necesarias proporciones de las penalidades. También se deberá establecer en el nuevo Código Penal normas que reconozcan actividades delictivas que no existían en el 1935, sobre todo aquellas que se refieren al crimen organizado", dijo Orrico.

Con respecto a la reforma del Código de Proceso Penal, ambas partes acordaron establecer con claridad los roles de los distintos agentes del proceso penal.

Además, se pretende que los defensores asistan a los acusados desde las etapas administrativas del proceso. Es decir, desde que el sospechoso ingresa en una dependencia policial. Ahora los defensores solo brindan apoyo legal a los acusados en etapas judiciales.

SALARIOS. Durante el acto de asunción del jefe de Policía de Colonia, Erode Ruiz, Bonomi se refirió ayer la necesidad de mejorar los salarios de policías. Agregó que el tema será "materia de análisis" con el Ministerio del Economía y advirtió que este deberá ser abordado "en forma urgente" en el próximo presupuesto.

El ministro hizo hincapié en que el perfil que se le desea dar a la seguridad en este gobierno lleva a que el funcionario "esté mejor remunerado" y "comprometido" con la causa. "No existen políticas de seguridad si no se cuenta con un policía de calle comprometido", dijo Bonomi.

Producción: Pedro Clavijo (Colonia) y José Luis Álvarez (San José).

EE.UU. criticó cárceles uruguayas

El Departamento de Estado norteamericano destacó ayer que el gobierno de Uruguay "generalmente respetó los derechos humanos de sus ciudadanos", pero apuntó en particular a las "pobres condiciones" de las cárceles del país.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la cancillería estadounidense calificó de "libres y justas" las elecciones que llevaron al poder al presidente de la República, José Mujica.

En Uruguay, indicó el reporte, "las autoridades civiles en general mantuvieron control efectivo de las fuerzas de seguridad" y el gobierno "generalmente respetó los derechos humanos de sus ciudadanos". De todas maneras, "las condiciones de las prisiones siguen siendo pobres" y se registraron casos de violencia doméstica contra mujeres y de discriminación contra algunos sectores de la sociedad. También "ocurrieron algunos casos de tráfico de personas", dijo el reporte según consignó un cable de ANSA.

Civiles no podrán sancionar

El gobierno derogó un decreto que establecía facultades sancionatorias a altos funcionarios civiles del Ministerio del Interior. La norma fue aprobada por el entonces presidente interino Rodolfo Nin Novoa, ocho días antes del cambio de mando. José Mujica consideró "inconveniente" la atribución de facultades disciplinarias a los jerarcas. El Círculo Policial había criticado dicho decreto por entender que alteraba la cadena de mandos en la Policía. "Estamos complacidos con la decisión del gobierno. El decreto del Poder Ejecutivo anterior había provocado escozor en la fuerza", dijo el secretario del Círculo Policial, Ernesto Carreras. Agregó que los policías se rigen por la Ley Orgánica Policial, la cual no establece que civiles sancionen a policías.