Caballo de Troya

ALEJANDRO NOGUEIRA

La puesta en escena de José Mujica sobre su "reforma del Estado" fue, como barato, desafortunada. Dijo que cerrará el ingreso a la administración pública y que los concursos son un "acomodo" y al día siguiente tuvo a ministros y otros funcionarios enmendándole la plana y "traduciendo" lo que el presidente quiso decir, que no fue ni lo uno ni lo otro.

Al día de hoy seguimos sabiendo poco acerca de lo que Mujica quiere reformar en el Estado. Al parecer quiere más orden en los pases en comisión, un organismo único que centralice la realización de los concursos públicos (otra oficina) y -un punto muy importante- que esa reforma se haga junto con los sindicatos del sector público. Es como la reforma educativa plasmada en la ley de educación: se hizo con los gremios, estos no la apoyan, la boicotean, y aprovechan que, por su imperio, se institucionaliza su participación en el gobierno de la enseñanza. Un caballo de Troya.

Los sindicatos, por antonomasia, son corporaciones cuya finalidad es la defensa y mejoramiento de sus miembros a costa de quien sea menester. Ese es su papel en una sociedad democrática y en lo que refiere a una reforma del Estado, darles participación es convocar a una parte interesada que trabará cualquier cambio que perjudique a sus afiliados. Salvando las distancias -ya que el sindicalismo es un derecho consagrado y una buena práctica democrática, y los dirigentes sindicales son, en general, personas honradas-, es como convocar a los rapiñeros para discutir la reforma del Código Penal.

No faltará quien diga que la sagacidad del presidente apunta a que, involucrándolos en los cambios, los sindicatos estatales no le harán la guerra a esos cambios. Error: los sindicatos se van a oponer y van a combatir cualquier medida que perjudique o debilite a sus integrantes y es lógico que así sea. Las cosas que hay que cambiar refieren a la vida de todos los ciudadanos, de los agentes productivos, y alterarán forzosamente el statu quo del mundo de los empleados públicos.

Estas convocatorias a las que fue tan afecto el pasado gobierno, con comisiones y consejos consultivos que, en la mayoría de los casos, no salieron del papel, no dieron resultado. Otro ejemplo son los cambios en la legislación laboral. Se convocó a los gremios empresariales, que tienen idéntica función de defensa sectorial y, naturalmente, no se obtuvo su aquiescencia para normas que incrementaban el poder de los sindicatos de trabajadores. Un agotador ejercicio de reuniones, ríos de tinta, quejas, para plasmar finalmente las leyes que la fuerza política en el gobierno consideraba justas. Una cosa es negociar un acuerdo laboral en un Consejo de Salarios; otra es un plenario con sectores de intereses sectoriales encontrados para discutir leyes sobre las que se asienten cambios que involucran a toda la sociedad.

El ámbito para la discusión de reformas - la del Estado o cualquier otra-, es el Parlamento, el sistema de partidos, donde está representada la diversidad social y de clase, donde se vota según cada quien fue votado, y donde se asumen las responsabilidades políticas que se pagan en el corto, mediano o largo plazo.