FABIÁN TISCORNIA
Los recursos que el Estado destina al área social han tenido un "impacto" creciente en la redistribución del ingreso desde 2003 en adelante. En ausencia de ese gasto, la concentración de la riqueza habría crecido más en ese período.
Estas conclusiones surgen de un estudio que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó al gobierno entrante -y al que accedió El País- previo a la reunión entre ambas partes del viernes 26 de febrero.
El trabajo fue realizado por los economistas uruguayos Cecilia Llambí, Gabriel Oddone, Marcelo Perera y Cecilia Velázquez para el organismo.
En el análisis realizado, el impacto en la distribución de la riqueza del Gasto Público Social (GPS) entre 1998 y 2002 se mantuvo estable. Entre 2003 y 2005 el impacto distributivo aumentó y siguió esa constante hasta 2008.
El estudio toma en cuenta varios componentes de GPS como ser el gasto en educación, salud, seguridad y asistencia social y agua potable y saneamiento.
"El índice de impacto del GPS en 2008 duplica el nivel registrado en 1998", se afirma en el trabajo. Es que "el coeficiente de concentración del ingreso (Índice de Gini) en 2008 se reduce en 5,1 puntos luego de imputar el GPS, mientras que en 1998 se reduce en 2,6 puntos". Esto implica que en ausencia del GPS la concentración de la riqueza sería mayor.
"Si se realiza el mismo análisis pero excluyendo las jubilaciones y pensiones del GPS (el componente de mayor peso y el más regresivo), la tendencia del índice de impacto distributivo es creciente en todo el período, observándose los mayores niveles en 2008", se indica.
El Índice de Gini después del GPS disminuye 7 puntos en el promedio del último trienio, mientras que a fines de los años noventa el impacto fue de 4,5 puntos.
Otro análisis que se realiza en el estudio, es qué pasó entre 1998 y 2008 con el monto del GPS. El mismo "presentó una tendencia relativamente estable entre 1998 y 2001. Con la crisis económica del año 2002 sufrió una caída del 7% real que se profundizó en 2003, alcanzando su nivel mínimo en el año 2004. A partir del año 2005, comenzó un proceso de recuperación del gasto social que permitió alcanzar y superar en términos reales los niveles previos a la crisis", se concluye.
Además, el GPS fue ganando participación en el Presupuesto. Representaba 67,4% de todo el gasto estatal en 1998, cayó al 57,1% en 2003 y comenzó una tendencia creciente en 2004 hasta llegar a un máximo de 75,4% de todo el gasto público en 2008.
SALUD Y EDUCACIÓN. De acuerdo al informe, "dos subcomponentes del gasto explican en gran medida el impacto redistributivo del GPS cualquiera sea el año".
Ellos son el gasto en salud pública (Administración de Servicios de Salud del Estado, hospitales públicos y Hospital de Clínicas) y en educación primaria y preescolar. "Ambos gastos tienen una elevada incidencia media y son altamente progresivos en términos absolutos y relativos", se explicó.
Un gasto es progresivo en términos absolutos cuando la cantidad absoluta del mismo que reciben las personas de menores ingresos es superior a la que reciben las personas de mayores ingresos.
A su vez, un gasto es progresivo en términos relativos cuando la proporción de recursos asignados a la población de menores ingresos excede la proporción del ingreso total que perciben éstos.
"Al analizar la distribución del GPS por sexos se constata un importante cambio en el año 2008 donde la proporción del gasto captada por las mujeres aumenta del 52% al 54%. Esto se explica por el mayor número de beneficiarios mujeres del gasto en Salud y el significativo aumento del número de atributarios mujeres en el sistema de Asignaciones Familiares", señalan.
En tanto, "en la distribución del GPS por grupos de edades, se destaca nuevamente el cambio en 2008, donde el gasto con destino a la población más joven (menores de 19 años) aumenta del 19% a 22%. Como contrapartida, la participación de los mayores de 60 disminuye", se afirma. Esto se explica "por el aumento de la incidencia del gasto en salud en la población más joven a partir de la entrada en vigencia del Sistema Nacional Integrado de Salud", se agrega en el trabajo.
Por su parte, "la distribución del GPS por región muestra una sobrerrepresentación de los beneficiarios de Montevideo", se advierte, aunque agrega que "entre 2006 y 2008 se observa un aumento del GPS captado por la población residente en el interior" al pasar de 46% a 48%.
Los ricos se apropian de pasividades
Otro aspecto que destaca el informe manejado por el BID, es cuánto del gasto en un rubro específico llega a las personas de menores ingresos.
Así se afirma que "en el período 1998 -2005, aproximadamente el 25% del gasto total en educación era captado por los dos deciles de menores ingresos", es decir el 20% más pobre de la población. A partir de 2006, pasan a captar el 28%. El gasto en educación es progresivo, ya que las personas de menores ingresos se apropian de mayor proporción del mismo que las personas de ingresos más altos.
En el caso de las jubilaciones y pensiones (que es la mayor parte del gasto social) se da a la inversa. El 20% más pobre de la población solo se apropia del 2,7% del total de jubilaciones y pensiones, mientras que el 20% más rico se queda con el 48% del gasto en jubilaciones y pensiones.
El gasto más progresivo en el período, fue el del Plan de Emergencia ya que entre el 60-65% del gasto en este programa fue al 10% de los hogares más pobres y el 20% se lo apropió el segundo decil más pobre. Este plan "es el de mayor progresividad", pero su incidencia en el ingreso "es pequeña, lo que redunda en que su impacto distributivo es modesto", se afirma.
Elemento relevante
Los autores destacan que "el mayor impacto distributivo del gasto social" se da desde que "la distribución de los ingresos muestra una tendencia concentradora a mediados de la década de los noventa". Agregan que "el gasto público como instrumento redistributivo adquiere una relevancia creciente si esas tendencias se mantienen".
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