El director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo, Gerardo Urse, informó ayer a El País que "la gran mayoría" de los conductores intimados que se presentaron en la Intendencia, no pudieron demostrar un domicilio en otro departamento.
"Superamos los 1.000 propietarios de vehículos intimados pero hemos tenido una mayor recepción en cuanto a pedidos de reempadronamientos y para poder acreditar el domicilio. Superamos largamente esa cifra en cuanto al volumen de pedidos que tenemos: solamente para acreditar el domicilio, han pasado más de 700 personas en los primeros 10 días, de las cuales, la gran mayoría no pudo acreditarlo fehacientemente", indicó.
Las personas que hayan sido intimadas por los inspectores deben presentarse en las oficinas municipales de la calle Pedernal para agendar día y hora para reempadronar o, en su defecto, presentar en el atrio de la Intendencia -con acceso por la calle Soriano- los documentos que prueben una residencia en el interior.
RESPUESTA. En otro orden, Urse respondió al defensor del vecino de Montevideo, Fernando Rodríguez, quien dijo que la función de los inspectores de tránsito es la seguridad vial y no la fiscalización de una eventual evasión tributaria.
"En los años `90 se firmó un acuerdo por el cual quedó como tarea de los inspectores el control de este tipo de impuestos. El control de la patente pasó a ser una tarea más de los inspectores hace más de 10 años", puntualizó el jerarca.
En un informe enviado el lunes al Congreso de Intendentes, el ombudsman señaló que las rebajas aplicadas a la patente en 2010 han sido "insuficientes" y "poco claras en relación a cuál será su impacto al final del año", por lo que "no han sido conducentes para ir terminando significativamente las situaciones de discriminación".
OMBUDSMAN Y SUS CRÍTICAS A LA INTENDENCIA
El segundo informe anual del defensor del vecino, difundido en mayo de 2009, fue crítico con la actuación municipal en materia de patentes. El documento generó la reacción del director de Recursos Financieros, Enrique Cabrera, quien dijo que el ombudsman "carece de elementos técnicos para determinar qué es una política tributaria más justa".
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